La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Las víctimas pertenecen a la Congregación Hermanas de San José y relataron los abusos que padecieron por parte del sacerdote Manuel Pascual. Está preso en el penal de Ezeiza.
Los ataques sexuales comenzaron en 2012 y siguieron hasta 2016. Tres de las víctimas, monjas de la Congregación Hermanas de San José, relataron en televisión que el sacerdote Manuel Pascual, alias "Santito", primero las sensibilizaba con temas personales, les inculcaba una "absolución" del dolor que llevaban consigo y, antes de violarlas, les proponía "gozar".
Pascual puede ser condenado a más de 40 años de prisión por esos reiterados abusos sexuales a las religiosas.
Según contaron las monjas a Telenoche, después de someterlas, estando ellas con el hábito puesto, las confesaba en las instalaciones que ocupan toda una manzana para la Congregación en Ernesto Bavio 2816, en el barrio porteño de Núñez.
Manuel Pascual era el líder espiritual de esa comunidad y el que regía la vida diaria del lugar. Dicen que les prohibía hablar entre ellas, las obligaba a algunas a estar a dieta e incluso les impedía tener acceso a la medicina.
Las víctimas aseguraron que acudieron primero a la Iglesia, pero dicen que les dio la espalda. Luego fueron a la Justicia, que procesó a Pascual y lo envió a la cárcel de Ezeiza con prisión preventiva.
Las monjas denunciaron además que el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, se ofreció a modo personal como aval de la prisión domiciliaria que pretendía conseguir Pascual para seguir detenido en el Hogar Sacerdotal Monseñor Mariano Antonio Espinosa.
La Cámara del Crimen, sin embargo, rechazó el pedido y por ahora el sacerdote seguirá preso en Ezeiza, según determinó el juez de primer instancia Javier Sánchez Sarmiento.
El arzobispado de Buenos Aires emitió un comunicado sobre la denuncia por abuso sexual contra el presbítero Manuel Pascual, en el que detalló que la investigación fue elevada a la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede y que ese organismo ordenó un proceso judicial canónico a cargo del Tribunal Eclesiástico Bonaerense.
Finalmente, el arzobispado recordó que desde el comienzo del proceso penal respondió a los requerimientos del Tribunal Nacional, y reiteró su "compromiso de seguir trabajando para evitar dentro de la Iglesia toda clase de abusos".
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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