El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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La Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad
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En las últimas horas, la Policía de Rosario ha vivido una de las situaciones más tensas y bizarras en el último tiempo, cuando lograron desarticular a los responsables de generar más de 30 amenazas de bomba en distintas escuelas de la ciudad.
En las últimas horas del miércoles, los efectivos realizaron siete allanamientos hasta que detuvieron a dos hombres y dos mujeres, propietarios de los teléfonos desde los que se realizaron las diversas llamadas. Sin embargo, la resolución del caso fue de lo más sorprendente.
Los detenidos se encuentran a del fiscal del caso Gustavo Ponce Asahad y se informó que no tienen antecedentes penales y las sospechas apuntan a que fueron hijos menores. "los allanamientos se hicieron en un horario en el que la gente estaba cenando o terminando de comer", aseguraron fuentes oficiales.
"Pudo ser el papá o la mamá que estaban en esa cena y que los chicos reconocieran que utilizaron el teléfono, es una situación que no la quiere vivir nadie", remarcó el director de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Diego Chávez.
Ante la confesión de los menores, Chávez destacó que "es el momento para que los chicos reflexionen sobre lo que están haciendo y que piensen muy bien antes de actuar porque causaran un tremendo cimbronazo familiar".
Según informaron las fuentes policiales, algunas de las escuelas que recibieron llamados fueron la Técnica 5, el Liceo de Mujeres, de calle Buenos Aires y 3 de Febrero, la escuela Echeverría y el Colegio de la Inmaculada Concepción.
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El gobierno suspendió su aplicación a fines de septiembre, con la justificación de que el Congreso tenía que establecer su fuente de financiamiento.
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