El Gobierno promulgó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. La norma, publicada en el Boletín Oficial, consolida el rumbo económico de la gestión de Javier Milei con el objetivo de cerrar el año con equilibrio fiscal y superávit financiero.

El texto, sancionado por el Congreso el pasado 26 de diciembre tras intensas negociaciones con los gobernadores, proyecta un superávit de $2,73 billones para el Sector Público Nacional. Según los números oficiales, el total de gastos corrientes y de capital alcanzará los $148,06 billones, mientras que los recursos previstos suman $148,29 billones.

Además, la ley establece un resultado financiero superavitario adicional de $226.469 millones y detalla un esquema de financiamiento con fuerte peso del endeudamiento público y la amortización de deuda, otorgando amplias facultades al Ministerio de Economía para la administración de pasivos.

Prioridades del gasto y peso del ajuste

Del total del presupuesto, la mayor partida se destina a Servicios Sociales, con $106,5 billones. Le siguen los pagos de Deuda Pública ($14,1 billones), Servicios Económicos ($11,45 billones), Administración Gubernamental ($8,85 billones) y Defensa y Seguridad ($7,11 billones).

Más allá de la distribución formal, el Presupuesto 2026 consolida un esquema de control estricto del gasto, con especial énfasis en la reducción del Estado y la centralización de decisiones en el Poder Ejecutivo.

Empleo público bajo la lupa

Uno de los capítulos más sensibles del texto es el referido al empleo público. La ley fija un tope de cargos y horas de cátedra en toda la Administración Pública Nacional y prohíbe la cobertura de vacantes sin autorización expresa del Jefe de Gabinete. Solo se contemplan excepciones para áreas consideradas “sensibles”, como Salud, Defensa, Seguridad, guardaparques y algunos organismos específicos.

Además, las jurisdicciones deberán enviar información detallada sobre su personal y contrataciones a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que estará obligada a publicar esos datos en formato abierto.

Universidades, educación y ciencia

El Presupuesto asigna $4,78 billones a las universidades nacionales, que deberán rendir cuentas ante la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. La ley advierte que el incumplimiento de estos requerimientos podría derivar en la suspensión de transferencias.

En paralelo, el texto deroga artículos clave de las leyes de Educación, Ciencia y Tecnología vinculados al financiamiento educativo y del sistema científico, una decisión que comenzará a regir a partir del ejercicio 2026 y que ya genera fuertes cuestionamientos desde el ámbito académico y científico.

Deuda, organismos internacionales y jubilaciones

La norma autoriza operaciones de crédito público con posibilidad de emitir deuda bajo jurisdicción extranjera hasta un 18% del total, y habilita al Ejecutivo a avanzar en acuerdos con organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, el FONPLATA y el FOMIN IV, con aportes a cargo del Tesoro y del Banco Central.

En materia previsional, el Presupuesto destina más de $212.000 millones al pago de deudas del SIPA administrado por ANSES, y otros $367.000 millones para retroactivos de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. También prorroga por diez años las pensiones graciables, aunque con criterios patrimoniales y de ingresos más restrictivos.

Beneficios sectoriales y exenciones

El texto incluye exenciones impositivas para importaciones estratégicas, como bienes de capital para empresas tecnológicas estatales (INVAP, VENG y DIOXITEC), vacunas y medicamentos importados por el Ministerio de Salud. Además, establece cupos fiscales para sectores como la economía del conocimiento, la biotecnología, la industria automotriz y la capacitación laboral.