Se esperan resultados de análisis forenses que podrían confirmar la identidad de los restos encontrados en la vivienda del detenido.
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La Justicia declaró imputable al asesino serial de Jujuy y le dictaron prisión preventiva
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Una serie de manifestaciones se están llevando a cabo este viernes 3 de noviembre en varias carreteras de Cataluña y una línea de tren, en señal de protesta por el encarcelamiento de varios miembros del gobierno independentista destituido.
La organización Universitarios por la República se encargó de cortar la gran avenida de la Diagonal de Barcelona a la altura de la zona universitaria, para luego convocar a abandonar las aulas y manifestarse en contra a la detención de los ex integrantes de la Generalitat. También intervinieron una autopista en sus dos sentidos.
CSC, una intersindical independentista, llamó a una huelga general para el 8 de noviembre, aunque el motivo oficial fue "el empobrecimiento de la clase trabajadora" y el decreto gubernamental que facilita el traslado de empresas fuera de Cataluña. Hasta ahora, las compañías que se desplazan fuera de la región suman 2.066 y generan una grave crisis política.
El Servicio Catalán de Tránsito, el organismo del gobierno catalán encargado del tráfico, se encarga, a través de Twitter, de notificar de los distintos cortes, accidentes e intervenciones que los movilizados están ejecutando en tiempo real.
Ferrocarriles de la Generalitat, el servicio ferroviario catalán, informó por su parte de la ocupación de las vías en la estación de Sant Cugat, cerca de Barcelona, lo que provocó retrasos, aunque el servicio se normalizó 2 horas después.
Finalmente, un grupo de manifestantes cortó una de las principales arterias de Barcelona a su entrada en la ciudad: "¡Ahora mismo estamos cortando la Gran Vía!", anunció en su cuenta de Twitter Arran, una organización juvenil independentista.
El encarcelamiento de 9 miembros del gobierno catalán depuesto el jueves 2 de noviembre dio pie al anuncio de una semana de manifestaciones que concluirá con una gran protesta el 12 de noviembre en Barcelona.
Los ex funcionarios son sospechosos de sedición y rebelión por el proceso que condujo a la proclamación de la independencia el 27 de octubre, delitos que acarrean hasta 30 años de cárcel. Uno de los consejeros (ministros regionales) salió en libertad provisional bajo fianza, pero el resto permanecerá en la cárcel.
Se esperan resultados de análisis forenses que podrían confirmar la identidad de los restos encontrados en la vivienda del detenido.
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