La orden apunta a que esos recursos no puedan ser embargados, gravados ni ejecutados judicialmente.

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Las organizaciones sociales volvieron a las calles contra la política económica. Reclaman respuestas al Gobierno saliente y también al entrante.

Organizaciones sociales realizan este jueves un 'polentazo' frente a las oficinas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Buenos Aires y una marcha hacia el Ministerio de Desarrollo Social, en lo que serán las primeras protestas tras las elecciones del domingo que consagraron presidente a Alberto Fernández.
Con la consigna "Fuera el FMI de Argentina y de América Latina", integrantes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán y el MTD Aníbal Verón -entre otros- se concentraron frente a las oficinas del organismo multilateral, en la zona de Plaza Libertad.
Allí, realizaran un 'polentazo' contra "el desastre social producido por el gobierno de Mauricio Macri y el FMI".
En ese marco, reclaman "frente a la asunción del nuevo gobierno del Frente de Todos" que se tomen "medidas de fondo que ataquen la raíz del problema".
Por otro lado, las organizaciones sociales del Frente Piquetero marchan hacia el ministerio de Desarrollo Social, en Avenida 9 de Julio y Avenida Belgrano, para denunciar el "incumplimiento de la ley de emergencia alimentaria" y pedir que el tema esté presente en las conversaciones entre los equipos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, en el marco de la transición.
La marcha confluye en la sede de la cartera que conduce Carolina Stanley, donde los organizadores ya avisaron que realizarán una permanencia hasta obtener una reunión con las autoridades del ministerio.
"Las organizaciones piqueteras independientes no vamos a esperar a que está llamada transición ordenada se ejecute bajo el ajuste brutal que sufrimos los trabajadores", advirtió el dirigente del PO, Eduardo Belliboni.
"Los barrios populares y de trabajadores ven como la carestía trepa por las nubes con un aumento del 15% de la carne. En esta transición no hay una palabra ni del gobierno saliente ni del entrante en relación a cómo combatir una inflación que se come los recursos de trabajadores, jubilados y desocupados", concluyó Belliboni.

La orden apunta a que esos recursos no puedan ser embargados, gravados ni ejecutados judicialmente.
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