Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.

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Se acerca el fin de semana largo de Semana Santa, pero parece que no serán días tan relajados como la mayoría de los argentinos esperan.
Al menos así se desprende de la declaración del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, quien esta mañana reveló que los pilotos podrían paralizar los vuelos para manifestarse en contra de la política aerocomercial del Gobierno.
"No descartamos ninguna medida. Estamos viendo el impacto de la política aerocomercial del Gobierno, le están dando el trabajo argentino a extranjeros y estamos sintiendo despidos", sostuvo en diálogo con el canal Crónica TV.
Si esta iniciativa llega a implementarse, trabajadores de Aerolíneas Argentinas, Austral y LAN, entre otras compañías, no realizarían sus tareas durante el fin de semana comprendido entre el jueves 29 de marzo y el lunes 2 de abril.
El último fin de semana de marzo será extra largo dado que comenzará con el jueves Santo (que es no laborable) y culminará el lunes 2 de abril, con la conmemoración del inicio de la Guerra de Malvinas, por lo que se prevé un gran movimientos turístico en el país.
Los pilotos afiliados a APLA vienen protestando desde hace más de un año contra la política aerocomercial de la administración Cambiemos porque entienden que las nuevas empresas que se instalan en el país traen a sus empleados desde el exterior y no generan demanda de mano de obra local.
"Claramente podrían peligrar los vuelos", expresó Biró al ser consultado sobre las posibilidades de que los pilotos realicen una huelga a fines de mes.
Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva y un aumento en la efectividad de la estrategia.
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Las dos víctimas fueron identificadas como Mariano Latuff Zeballos y Ricardo Ferrer, ambos de la provincia de Santa Fe.
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La resolución fue impulsada por una acción de amparo presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores junto a seis beneficiarios afectados.
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La medida implica un reacomodamiento en la estructura del gabinete, con menos atribuciones para la Jefatura y un rol reforzado en las relaciones interjurisdiccionales.
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