El Ministerio de Seguridad, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, exoneró a doce efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, entre ellos a Miguel Etchecolatz, quienes participaron en la represión ilegal durante la última dictadura y fueron condenados por delitos de lesa humanidad.

A pesar de las condenas en su contra, Etchecolatz, Carlos García, Horacio Elizardo Luján, Bernabé Jesús Corrales, Fernando Svedas, Miguel Gerónimo Kearney, Raúl Orlando Machuca, Sergio Arturo Verduri, Pedro Antonio Ferriole, Mario Víctor Nicodemo Sita, Luis Vicente Patrault y Santiago Antonini todavía pertenecían a la fuerza, ya que figuraban como retirados y conservaban sus condiciones como policías.

En relación a la medida, el titular de la cartera de Seguridad, Cristian Ritondo, afirmó que el Gobierno no podía "dejar a estas personas con estado policial, ya que era una falta de respeto a la democracia y un mal ejemplo para la fuerza".

La exoneración es la pena más severa contenida en el régimen disciplinario policial e implica la separación definitiva de la fuerza y la pérdida de todos los beneficios inherentes al cargo.

Etchecolatz se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza. Apeló la medida pero fue rechazada su presentación. Al momento de firmar el expediente, el represor escribió "priosionero de guerra".

Fue condenado en seis oportunidades por crímenes de lesa humanidad: en 1986, a 23 años de prisión en la denominada causa 44 o "Camps"; en 2004, a 7 años de prisión (reducida luego a 4), por la apropiación de una hija de desaparecidos; en 2006, a reclusión perpetua en la conocida como "causa Etchecolatz"; en 2012, a prisión perpetua por el "Circuito Camps"; en 2014, a perpetua por un doble homicidio en el marco de la causa "La Cacha", y en 2016, a 25 años de prisión por el secuestro y las torturas a una pareja desaparecida.