La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.

El Ejecutivo enviará al Congreso la ley que penaliza incumplir el déficit cero
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La causa "Los Sauces" comienza a moverse. Este mediodía, el juez federal Claudio Bonadío procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y negociaciones incompatibles, la embargó por $130 millones y le prohibió salir del país.
Mientras se investiga su presunta responsabilidad, también se dictó el procesamiento de los de la ex mandataria: Florencia Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner. También de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, todos por el delito de "asociación ilícita".
Según la resolución difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), la ex presidenta fue procesada como "autora penalmente responsable" de los delitos de "asociación ilícita en calidad de jefe en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad" y de negociaciones incompatibles por ser funcionaria.
Cristina fue procesada por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe y el lavado de activos de origen ilícito
Florencia y Máximo Kirchner fueron procesados por formar parte de una "asociación ilícita" y López, Báez, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice fueron procesados en calidad de "organizadores".
Tras decretar los procesamientos y embargos, el juez Bonadio dispuso remitir la causa "Los Sauces" al juzgado de Julián Ercolini, quien investiga fraude en la obra pública en la cual la expresidenta ya fue procesada y el caso "Hotesur" donde es investigada por el alquiler de plazas hoteleras.
Según el juez, la decisión de crear la inmobiliaria "Los Sauces" fue hecha con "el objeto de canalizar dinero ilegitimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente por Néstor Carlos Kirchner y la imputada cuando ejercieron la primera magistratura de la República, al grupo empresario mencionado".
Bonadio sostuvo además que "Los Sauces" no tiene una sede real, no tiene empleados que trabajen para el objeto social de la empresa, y que entre otras cosas, Florencia Kirchner "no se sabe cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, ni porque cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad".
Es el tercer procesamiento que recae sobre la expresidenta. Los otros dos son:
La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.
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