El vocero presidencial tiene ahora rango de ministro y pasa a depender de Presidencia de la Nación.
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La oposición de Bolivia envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra la postulación del presidente Evo Morales en las elecciones del próximo año pese al rechazo en el referendo del 21 de febrero de 2016.
La decisión popular fue sorteada por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que dio lugar a un recurso para garantizar la posibilidad de competir por la reelección.
"La decisión de la Comisión puede constituir un elemento contundente para garantizar la democracia en Bolivia y, sobre todo, el estado de derecho, al reivindicar los derechos vulnerados de millones de bolivianos", destaca el documento enviado a Washington.
La demanda presentada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y los ex defensores del pueblo Rolando Villena y Albarracín, apunta a que la CIDH, con sede en Washington, se pronuncie a favor de respetar el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016.
"La Comisión tendrá que elaborar un informe para que este caso pase a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica) para emitir un fallo definitivo", precisó Albarracín.
En el referéndum de 2016, un 51,3 por ciento votó por el "No" a la modificación del artículo 168 de la Constitución y rechazó así la habilitación de Morales en las próximas elecciones.
De todas formas, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) logró en noviembre del año pasado que el Tribunal Constitucional Plurinacional diera lugar a un recurso para garantizar la posibilidad de competir por la reelección.
El partido político de Morales fundamentó su reclamo en que debía prevalecer el Pacto de San José de Costa Rica, porque el resultado del referendo violaba el derecho humano del mandatario a ser nuevamente candidato y el del pueblo a elegir.
El polémico fallo fue rechazado por sectores de la oposición boliviana y provocó protestas callejeras en las principales ciudades.
El vocero presidencial tiene ahora rango de ministro y pasa a depender de Presidencia de la Nación.
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