La familia de Rafael Nahuel, el joven mapuche que falleció durante un enfrentamiento con Prefectura Naval a orillas del Lago Mascardi el sábado 25 de noviembre, insistió en su pedido de oficiar como querellante en la causa que investiga su muerte. Además, solicitó que se realicen los peritajes correspondientes en la zona.

Los allegados ya habían requerido articular esta figura judicial ante quien dirige la causa, el juez Gustavo Villanueva, el domingo 26 por la madrugada. En tanto, el conflicto por las tierras de Villa Mascardi, donde se asentó la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, continúa.

Por otro lado, los dos detenidos tras el enfrentamiento, Fausto Jones Huala y Lautaro Alejandro González, fueron liberados el miércoles 29 por la noche, luego de haber iniciado una huelga de hambre en reclamo por su liberación. Están acusados de presunta usurpación y de "muerte dudosa", ya que fueron quienes llevaron el cuerpo del joven hasta la ruta tras recibir el disparo.

Alejandro, padre de Rafael, había asegurado que "fue la Policía" quien mató a su hijo. En esa línea, Natalia Araya, en representación de la familia, apuntó a los efectivos del grupo Albatros de Prefectura por su muerte y reclamó que Villanueva realice cuanto antes las pericias en la zona. Sin embargo, hasta el momento, no se habrían emitido órdenes de nuevos operativos.

Conflicto territorial

La mesa de diálogo entre el Gobierno y los mapuches sigue sin acuerdo y continuará este jueves 30 para encontrar una solución.

En este contexto, en el encuentro del que también participan organizaciones sociales y la Iglesia, el Gobierno mantuvo su postura sobre la liberación de la zona del Parque Nacional Nahuel Huapí, mientras que los mapuches insistieron con el pedido de "desmilitarización" del predio y liberación de los dos detenidos -liberados anoche-.

Respecto a las condiciones de la causa, la dirigente mapuche Moira Millán aseguró que es una "vil mentira que no se le permitió al juez entrar al predio" para hacer los peritajes tras la muerte de Nahuel y subrayó que "el Gobierno no quiere" aclarar el caso.

En diálogo con Radio Cultura, enfatizó que "al momento de la represión había entre 15 y 17 personas" en las tierras de Villa Mascardi y afirmó que "jamás" tuvieron "armas". Además, detalló que fue "Parques Nacionales, el propio Estado, el que denunció a la comunidad y de ahí emanó la orden de desalojo".

"Hay una intención del Gobierno nacional de privatizar áreas de Parque Nacionales a lo largo de todo el país", denunció Millán.

En contraste con las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, y el propio presidente, Mauricio Macri, el intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, consideró que la RAM es un grupo reducido y que no constituye una organización guerrillera armada.

"No los conozco más que por alguna de sus acciones, no son tan naif ni tan organización estructura y armada, no lo veo así. Si existe esa cuestión antisistema viene como producto de la marginalidad", aseguró Gennuso.

En declaraciones a Radio Rivadavia, sostuvo que "no es para verlos como una fuerza guerrillera con miles de seguidores".