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Tras el respaldo popular que recibió en la marcha del 1-A, el gobierno de Mauricio Macri prevé un proyecto que avanzará contra la CGT, los piqueteros y los aparatos partidarios del PJ que protestan contra las políticas oficiales.
La iniciativa es bastante curiosa: le ordenará a la AFIP que inspeccione las facturas y los pagos de esas organizaciones a los micros que transportan militantes y a otros proveedores en busca de eventuales irregularidades.
Según trascendió, el proyecto se está terminando de pulir en la comisión interministerial que se conformó para resolver el problema de los piquetes y que coordinan el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par porteño de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo.
De esta manera, La Casa Rosada quiere controlar la transparencia tributaria del negocio de los micros ya que presume que existen muchas irregularidades e informalidad.
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Desde el 1° de julio vuelven a regir las alícuotas previas para varios cultivos, mientras que la rebaja temporal se mantendrá hasta marzo.
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El Gobierno nacional celebró la resolución aprobada por aclamación en el organismo y destacó el apoyo regional.
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La iniciativa comenzará bajo el lema “De Ushuaia a La Quiaca con Cristina”. También se acordó convocar al Congreso del partido para definir alianzas y estrategias de cara a las elecciones.
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La compañía explicó que la medida responde a cuestiones administrativas vinculadas a documentación presentada entre 2021 y 2024, y afirmó que ya inició el proceso para regularizar la situación.
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La investigación judicial sigue en curso y apunta a determinar el rol de los laboratorios Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., responsables de los lotes implicados en el brote de infecciones invasivas.
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Tras la medida cautelar que suspendió el decreto presidencial, Adorni cuestionó a la jueza que la dictó, apuntó contra ATE por “proteger privilegios" e insistió en eliminar el beneficio.
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