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Tras el respaldo popular que recibió en la marcha del 1-A, el gobierno de Mauricio Macri prevé un proyecto que avanzará contra la CGT, los piqueteros y los aparatos partidarios del PJ que protestan contra las políticas oficiales.
La iniciativa es bastante curiosa: le ordenará a la AFIP que inspeccione las facturas y los pagos de esas organizaciones a los micros que transportan militantes y a otros proveedores en busca de eventuales irregularidades.
Según trascendió, el proyecto se está terminando de pulir en la comisión interministerial que se conformó para resolver el problema de los piquetes y que coordinan el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par porteño de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo.
De esta manera, La Casa Rosada quiere controlar la transparencia tributaria del negocio de los micros ya que presume que existen muchas irregularidades e informalidad.
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