En las últimas horas del viernes, y tras rechazar un pedido de la defensa del empresario kirchnerista Lázaro Báez, la Justicia determinó elevar la medida a juicio oral por la acusación de lavado de dinero, en la causa que se destapó el escándalo de la financiera reconocida socialmente como "La Rosadita".

La elevación del juez Sebastián Casanello se produjo en el centro de la polémica por un recurso presentado por la Oficina Anticorrupción, en la que se había pedido citar a declaración indagatoria a la ex presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner.

La ausencia de la senadora por Unidad Ciudadana, se debe a que no se ha hallado relación con la causa llevada adelante por el juez Julián Ercolini, que la procesó, junto con Báez, por asociación ilícita y fraude, a través de la designación de obra pública a la empresa patagónica de construcciones.

Además de Báez, en la causa también se encuentran procesados su contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco y los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar, todos ellos por el mismo delito de evasión de más de 60 millones de dólares. Estos últimos, vinculados tras haber declarado como se realizaban las maniobras en televisión.

En la investigación llevada adelante por Casanello, se investigaron maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, cuyo origen en el uso de facturación apócrifa a partir de contratos de obra pública con el Estado Nacional, producto de la estrecha relación entre el titular de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner.