La defensa del exdiputado José Luis Espert presentó un planteo urgente ante el Juzgado Federal de San Isidro tras detectar que sus cuentas bancarias se encuentran inmovilizadas. El abogado Alejandro Freeland informó al juez Lino Mirabelli que el legislador no puede realizar depósitos, transferencias ni extracciones debido a una orden del Banco Central. En su presentación, el letrado advirtió que la imposibilidad de disponer de sus fondos afecta la subsistencia básica de su defendido y solicitó el levantamiento de la medida.

La restricción patrimonial surge a raíz de una investigación liderada por el fiscal Fernando Domínguez sobre presuntas maniobras de lavado de dinero. El expediente analiza el origen de 200 mil dólares que Espert habría recibido en febrero de 2020 por parte de una empresa vinculada a Federico Andrés Machado. La fiscalía cuestiona una supuesta asesoría brindada por el dirigente a una firma minera guatemalteca, señalando que se trataría de una operación irregular para justificar el ingreso de divisas.

La Justicia sostiene que las medidas cautelares son necesarias para evitar que los activos bajo sospecha sean desviados o transferidos durante el proceso legal. El fiscal argumentó que existe un riesgo de "desapoderamiento simulado" de bienes, dada la complejidad de los vínculos internacionales involucrados. Esta orden de "no innovar" busca asegurar que, ante una eventual condena o decomiso, el patrimonio se encuentre disponible para responder a las exigencias de la ley.

Dentro de las pruebas recolectadas por la fiscalía se encuentran una serie de comunicaciones digitales entre contadores y colaboradores de Espert, registradas a partir del año 2021. Los chats sugieren un intento de eliminar antecedentes relacionados con contratos y operaciones comerciales tras la detención de Machado, quien es reclamado por la justicia de Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Estos intercambios son piezas clave para la hipótesis de la fiscalía sobre el ocultamiento de información financiera.

Por el momento, el juzgado mantiene vigente la inmovilización de los fondos, lo que obliga al dirigente a afrontar un periodo de restricción patrimonial de al menos noventa días. Mientras la causa avanza en la etapa de recolección de pruebas, la defensa insiste en que la medida es desproporcionada y que vulnera derechos fundamentales del exlegislador. El caso continúa bajo la lupa judicial de San Isidro para determinar si existió efectivamente una conexión ilícita en el financiamiento del investigado.