Este jueves, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) junto a representantes de otros sindicatos como Sute, CGT y Satsaid anunciaron en conferencia de prensa que llevaron adelante acciones administrativas y legales contra funcionarios de la Dirección General de Escuelas (DGE) por haber apartado de su cargo a la docente y vicedirectora de la escuela Manuel Blanco Encalada de Junín, Carolina Gutiérrez, luego de que saludara al alumnado diciendo “todos, todas, todes”.

En primera instancia, se emplazó vía carta documento al titular de la DGE Jaime Correas, a que adopte las medidas correspondientes a fin de denunciar a los padres que agredieron y amenazaron a la docente durante las asambleas desarrolladas en el establecimiento educativo, conforme a las penas que establecen tanto el Código de Faltas Provincial como el Protocolo de Violencia en las Escuelas de la DGE.

Luego, el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Gustavo Correa, anunció que presentó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y actos discriminatorios contra el Director de Asuntos Legales de la DGE, Francisco Fernández; y el Sub-director Delegado Regional de Zona Este de la DGE, Hugo Martín.

Según informaron, radicaron la denuncia luego de conocer la noticia de que Gutiérrez fue separada de su cargo sin haber acreditado que la docente hubiera trasladado su ideología política a la educación que se brinda en la escuela. En cuanto al incumplimiento, responde a su inacción frente a la situación de maltrato de los padres hacia la docente, que ambos presenciaron.

“También, se presentará un amparo sindical ya que no sólo el traslado lo dispuso un órgano incompetente para resolver al respecto (corresponde a la Junta de Disciplina), sino que se vulneró con la tutela sindical que ostenta Gutiérrez por formar parte de la Comisión Ejecutiva de la CTA de San Martín”, indicaron.

Por último, la CTA y el SUTE elevaron un pedido formal al Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, Samuel Barcudi, para solicitar una audiencia en la cual los dirigentes gremiales expongan la vulneración de derechos hacia la docente.