La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, sostuvo: "Hoy no puedo aventurar que fue un accidente, o que lo derribó un barco chino. En principio, yo determinaría las condiciones en las que salió el ARA San Juan y el tema de las comunicaciones, qué se pudo haber advertido".
En diálogo con TN, Yáñez reconoció que el hecho de que no se hayan encontrado los restos del submarino "hace que todo sea más difícil".
"Por eso me atengo a la documentación y a los términos", señaló la encargada de la investigación que busca determinar qué sucedió con la nave desaparecida y que llevaba 44 tripulantes a bordo.
Yáñez señaló que, en un informe interno de la Armada de fines de 2016, se advertía sobre "una serie de defectos o anomalías que detectaron en el funcionamiento" del submarino y se ordenaba la "inmediata solución" de esos desperfectos, ante lo cual indicó que con la documentación secuestrada durante los allanamientos intentará "ver qué grado de solución le dieron" a esos problemas que se habían planteado.
En relación a las responsabilidades penales en caso que se compruebe que el ARA San Juan no estaba en condiciones para navegar, sentenció: "Sí. Lo que hay que determinar es a quién y en qué grado".
Por otra parte, Yáñez remarcó que la búsqueda del submarino debe continuar: "La Nación se lo debe a los familiares y la Justicia también. Yo no paro de pensar qué otras medidas y trato de ser prolija, discreta y prudente. Todos tenemos que ser creíbles en las conclusiones".
"Fundamentalmente fueron dirigidos a verificar si habían tenido algún tipo de problema durante el trayecto Mar del Plata-Ushuaia", dijo respecto a la declaración testimonial de los submarinistas Juan Gabriel Viana y Humberto Vilte, que se bajaron del viaje de regreso a Mar del Plata.
Hizo mención a la información sobre la explosión que habría afectado a la nave de la Armada: "Son todas cosas que trascendieron y que necesito tener probadas en la causa".
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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