¿Qué relación hay entre el sistema judicial, el sistema educativo y la estigmatización hacia las personas de barrios populares y humildes? Muchas, e intentaremos desarrollarlas a través de la historia de Bruno Postigo Marullo.

En nuestra constitución existe el "principio de inocencia" que indica que toda persona es inocente hasta que demuestre lo contrario. En el caso de Bruno no solo indica que no se demostró esa culpabilidad, sino que tres años de su vida fueron destinados a pagar por un delito que no cometió. 

Bruno tenía 19 años, estaba de novio, trabajaba en el mantenimiento del Parque Indoamericano de Villa Soldati y estudiaba la carrera de Seguridad e Higiene. Sin embargo fue acusado y encerrado con una “condena en suspenso”, proceso que se extendió aún más por las condiciones de pandemia. Pero gracias al apoyo de su entorno más íntimo como el de su familia, y el de Magdalena Fernández Lemos, una exprofesora de Bruno de la secundaria, y con su fuerza interior y espiritualidad, pudo atravesar esos tres años, hasta que “se hizo justicia”, pero fallida y tardía.

De qué se trata el delito sobre el que se lo acusó 

Un tribunal de La Matanza condenó a 50 años de prisión a cuatro de los integrantes de una banda que en 2018 intentó copar la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo para liberar a un detenido, se tiroteó con cuatro policías y dejó parapléjica a una de las oficiales.

Los cuatro condenados a medio siglo de prisión por las cuatro tentativas de homicidio de los policías y el intento de evasión fueron Leandro David Aranda (el preso que iba a ser rescatado), su esposa Zahira Ludmila Bustamante (quien ayudó a organizar el golpe), Tomás Axel Sosa y Sebastián Ariel Rodríguez.

Un quinto imputado, Gonzalo Fabián D'Angelo, fue condenado a ocho años de cárcel pero como partícipe secundario. Además, la abogada Leticia Analía Tortosa, recibió una pena de tres años de prisión condicional y los mismos años de inhabilitación para ejercer su profesión, pero solo por el delito de "facilitación a la evasión", ya que fue quien en una visita previa le entregó a Aranda el celular con el que se contactó desde el calabozo con el resto de la banda para coordinar su fuga.

Mientras que otros dos imputados que llegaron a juicio detenidos, Daniel Alberto Rodríguez y Bruno Damián Postigo Marullo, fueron absueltos por el tribunal.

Pero ¿qué tenía que ver Bruno en todo esto? Solo se lo acusó de haber hecho una falsa denuncia del robo de uno de los autos empleados por la banda, que estaba a su nombre pero que él no usaba, sino que era de su prima Zahira Ludmila Bustamante, la esposa de Aranda, a quien la banda intentó rescatar.

Luego de que Bruno acompañara a su prima a la comisaría a visitar a su novio, lo detuvieron. Allí sufrió abuso psicológico y golpes para "confesar" que él había participado de la toma aunque declaró la verdad: esa noche estaba durmiendo en su casa.

Fue en este contexto que se enteró que el auto que él denunció como robado, fue el que la prima y los amigos usaron para la toma del día anterior. Al día siguiente, lo trasladaron a la fiscalía y declaró, sin hablar con su abogado. Sin embargo, la fiscal le dijo que pidiera los beneficios para esperar la resolución en su casa, pero luego se lo negaron. 

Bruno pasó todo el proceso judicial privado de su libertad, y nunca se encontraron pruebas sobre la participación en el hecho. La causa dice que no figura en el entramado del plan pero que "presta" el auto para que se realice el ilícito. En las Cámaras de Casación y Apelación cuenta que siempre había un juez que le daba la libertad y otro que lo mantenía encerrado "por las dudas". Sin embargo, nunca encontraron alguna prueba ni tuvo conocimiento anterior del hecho y tampoco "prestó" el auto, ya que no era de él, solo estaba a su nombre. 

El penal: la ley de la selva y sálvese quien pueda

Si bien el problema es complejo, es de público conocimiento que las condiciones de encierro en los penales de Argentina sobrepasan los límites de dignidad básicos. La realidad supera la ficción y la regla que impera es la de: sálvese quien pueda, como en la selva. La violencia, maltratos y el nulo acceso a las condiciones básicas de vida impera en estos lugares que prometen ser instituciones para que las personas no reincidan en el delito y se reinserten nuevamente en la sociedad.

“Me encontré encerrado en una celda oscura que ni siquiera tenía un colchón, todo sucio. Me acuerdo patente el estar esposado en una reja, llorando y preguntándome por qué me estaba pasando eso. Al ser una causa de relevancia, el trato no fue el mejor, fue complicado”, contó Bruno a Filo.News.

“No tenía la posibilidad de estudiar un terciario, solo se podía primaria y secundaria, y por la carátula que tenía mi caso, no me podía trasladar a alguna unidad que permitiera estudios universitarios porque eso significaba un riesgo para ellos”, continuó.

Hoy Bruno habla con entereza, calma y sin rencores, porque en los días que vivió sin libertad, fue que transmutó su bronca y dolor a través de su fuerza interior y la que recibía de su entorno familiar. A Bruno lo salvó pensar y ayudar al otro, cuando él fue vulnerado.

“Los pabellones en los que estuve eran cristianos y así empecé a leer la biblia, a involucrarme más. Estos son lugares donde las cosas realmente se hacen de corazón, no es una pantalla. Tratábamos de ayudar a los pibes que llegaban con un montón de problemas de la calle, familiares, con el penal, con drogas. Así fue que empecé a conectarme y a tener experiencias más espirituales y a ayudar. Éramos unidos, si llegaba una persona y no tenía nada, nos la rebuscábamos como podíamos para poder darle lo que necesitaba. Nos tomábamos el tiempo de escucharnos, porque nadie lo hace, ni te hablan. Me centré en este aspecto, para que cada día fuera un poco más llevable ahí dentro”, recordó el joven.

Además, gracias a la experiencia de haber ayudado a su padre, quien es entrenador, Bruno equipó uno de los pabellones con sus compañeros con elementos de King Boxing, para poder dar clases y brindar un espacio de recreación para sus compañeros, incluido él.

Las condiciones de los penales por los que pasó y describió son inhumanas: celdas mínimas, sin camas ni colchones, aptas para cuatro personas y que llegan a haber 14. Falta de insumos de limpieza e higiene (teniendo en cuenta aún más el contexto de pandemia). Las enfermedades, hongos y suciedad son parte del paisaje penitenciario. “Con el covid nosotros nos encargábamos de limpiar cada lugar, solo nos daban una pastillita de cloro que nos tenía que durar un mes y claramente eso no alcanzaba para todo, como por ejemplo combatir las ratas”, explicó.

La educación como pilar y sostén

A partir del testimonio de la experiencia de Bruno son muchos los debates que dejan ver a simple vista que siguen en deuda: el hacinamiento, las condiciones deplorables de los penales y la vulneración de derechos humanos. Las personas están en permanente contacto con un sistema signado por la corrupción, el delito y la ilegalidad y deben recurrir muchas veces a estas prácticas para sobrevivir, o mejorar su situación dentro del encierro.

La preocupación por la inseguridad es legítima, pero ¿los penales son espacios de reinserción en la sociedad o lugares de castigo y estigmatización? ¿Qué sucede con aquellos que son inocentes y caen en “la misma bolsa”? ¿Hay justicia también para ellos?

Alrededor de 108.000 personas están privadas de su libertad en las cárceles del país. El 70% de ellas llegó por primera vez, mientras que el 30% restante lo hizo después de reincidir en algún delito. 

El sistema presume culpabilidad antes que inocencia y no es para todos igual:

• El 53.5% de las personas institucionalizadas no cuenta con una condena firme. 
• El 71% de la población joven no cuenta con una condena firme. 
• El 72,8% de las personas privadas de su libertad estuvieron más de 6 meses presos sin condena. 

En promedio, las personas privadas de su libertad están 17 meses privadas de su libertad sin condena. Solo el 50% de la población carcelaria tuvo acceso a algún tipo de educación. El 42% de los detenidos solo cursó hasta la primaria, y el 82,3% no terminó la secundaria. 

Luego de estos datos es inevitable pensar: ¿las oportunidades en la sociedad son iguales para todos y todas? Bruno quiso estudiar y no pudo por lo que suponía su caso, sin embargo pasó tres años de su vida privado de esa oportunidad, tres años que le fueron arrebatados.

“Lo que tiene que cambiar de manera urgente son las políticas de inclusión educativas, ya que hoy se basan solamente en la retención escolar, aunque esto es importante porque somos un país con alta deserción, pero eso no alcanza. Que ‘estén en la escuela’, no significa que estén aprendiendo”, expresó Magdalena Fernández Lemos, Directora Ejecutiva de Enseñá Por Argentina y exprofesora de Bruno.

Enseñá Por Argentina, es una fundación que desde el 2009, trabaja con el objetivo de ser un movimiento que contribuya a reimaginar las aulas y el sistema educativo, para que todos los niños y jóvenes de Argentina desarrollen al máximo sus capacidades y tengan igualdad de oportunidades.

Es así que trabajan en contextos de vulnerabilidad social y educativa, llevando adelante distintos proyectos junto con las comunidades que más lo necesitan en una apuesta de colaborar con el trabajo docente del aula y en estrecha relación con los Ministerios de Educación de cada región. 

“Si bien no hay estadísticas oficiales sobre el nivel socioeconómico de las personas privadas de su libertad, la evidencia muestra que la gran mayoría proviene de situaciones de vulnerabilidad económica, donde un gran porcentaje apenas logró terminar los estudios primarios”, explicó Lemos.

“Es súper necesario una revisión de las propuestas curriculares, de los diseños y maneras de enseñar, cómo se capacitan a los profesores, qué estamos pidiendo como exitoso en la escuela, cómo evaluamos. La escuela hay que sostenerla para que transforme y eso hoy no lo hace. Por eso es importante conocer nuestros derechos y hacerlos cumplir, porque la educación es un derecho, lo mismo para el caso de Bruno: indignémonos para construir algo distinto, porque sino las cosas van a seguir igual. Que esta realidad nos interpele y nos lleve a la acción”, finalizó.

Por último, no solo en términos humanitarios resulta urgente un replanteo de la forma en que se concibe, gestiona e informa sobre el problema de la Justicia y las cárceles en Argentina. Una cárcel llena, no es una bandera ganada en la lucha contra el delito, más aún, con personas inocentes en ella.