El CIPCE solicitó abrir un expediente de inteligencia financiera tras analizar la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa.
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Caso Adorni: piden que la UIF investigue al jefe de Gabinete por presunto lavado de dinero
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Un total de 463 migrantes fueron deportados de Estados Unidos sin sus hijos en el marco de la política de tolerancia cero.
El gobierno de Trump asegura que todos los padres deportados dieron su consentimiento escrito. Sin embargo, las organizaciones de defensa de los inmigrantes temen que estas personas hayan sido presionadas a firmar su deportación inmediatamente después de haber sido separados de sus hijos.
La administración Trump sostiene que al deportar a los padres, se les ofrece la posibilidad de llevarse consigo a sus hijos o de dejarlos en suelo estadounidense, donde pueden ser reclamados por algún familiar o entrar en el sistema tutelar.
Cerca de 3.000 menores fueron separados de sus padres desde que el pasado mes de abril la Casa Blanca decidiera adoptar una política llamada de tolerancia cero contra los inmigrantes que entraban al país irregularmente por la frontera con México.
Según esa medida, llevada adelante por el fiscal general Jeff Sessions, todos los indocumentados que cruzaran la frontera ilegalmente, debían ser procesados penalmente. Esto llevó a que las fuerzas fronterizas separasen a los adultos que ingresaban con sus hijos porque la ley prohíbe que los menores sean detenidos en centros para adultos.
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El CIPCE solicitó abrir un expediente de inteligencia financiera tras analizar la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa.
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La vicepresidenta respondió a un usuario en X que le preguntó si le creía al jefe de Gabinete, en el marco de la causa judicial que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
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El abogado cuestionó la intervención quirúrgica, la internación domiciliaria y aseguró que “se hicieron muy mal las cosas” durante el tratamiento.
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La senadora criticó al jefe de Gabinete tras la presentación de su declaración jurada y profundizó sus diferencias con el Poder Ejecutivo.
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La medida forma parte de la reglamentación de la reforma laboral y obliga a sindicatos y empresas a revisar acuerdos vencidos.
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