El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé procesó al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y su segunda, Silvia Majdalani, por el presunto espionaje ilegal ocurrido en el año 2018 sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Recoleta.

Además, el magistrado decidió fijar para los dos imputados la prohibición de salida del país, ordenó la retención de sus pasaportes y les trabó un embargo de dos millones de pesos, según informó Noticias Argentinas. 

"Desde fines del mes de julio y al 7 de agosto de 2018, ordenaron la realización de tareas de vigilancia y observación frente a la sede del Instituto Patria y del domicilio de la entonces Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner", precisó el juez.

Según Augé, eso fue realizado para "obtener inteligencia" y "por el solo hecho de su opinión política, o su adhesión y pertenencia a organizaciones partidarias contrarias al gobierno de turno".

Las tareas fueron encomendadas por el ex integrante de la AFI, Alan Ruiz, ya procesado con anterioridad, a un grupo operativo de espías, algunos de los cuales declararon como testigos y dijeron que ese director de área todo el tiempo les afirmaba que esas tareas de inteligencia eran solicitadas por Majdalani.

Los agentes declararon que el pedido de Ruiz era para saber si ingresaban o salían bolsos o valijas, en momentos en que el entonces juez Claudio Bonadio investigaba a la Vicepresidenta y empresarios por la causa "cuadernos".

La causa

El 26 de mayo último, la interventora de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal donde solicitó la indagatoria al ex Presidente Mauricio Macri "en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional".

La solicitada se hizo extensiva al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas y a su segunda Silvia Majdalani, ambos parte de la administración durante la administración Cambiemos. 

Registrada bajo el número 2916/2020 y aludiendo a los delitos de "violación de correspondencia" y "violación del sistema informático", la denuncia marca un presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de como mínimo 80 damnificados.

"Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal", precisa la denuncia.