El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, comenzó a tomar las declaraciones indagatorias parte de la causa por presunto espionaje ilegal. Buena parte de la jornada de ayer el turno fue de los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) investigados por maniobras de seguimiento físico durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Cerca de las 22 todavía se aguardaba el comienzo de la declaración indagatoria de la ex coordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, señalada como quien recibía en Casa Rosada parte de los informes producidos por los espías agrupados en un grupo de whatsapp denominado "Super Mario Bros".

Una de las ex espías que declaró fue Mercedes Funes Silva quien confirmó haber visitado la Casa Rosada en una oportunidad, durante 6 minutos, para llevar documentación a la oficina de documentación presidencial para quien ahora reconoce como Martinengo, según recopiló Télam.

Su estrategia de defensa, así como la de otros espías fue la de marcar que recibía órdenes a través del ahora detenido Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones Especiales, quien las impartía y repartía entre todos los agentes y que solo él y sus superiores podían saber que la información iba a parar a legajos que, vistos en forma completa, confirmarían el espionaje político ilegal.

El juez Villena acusó a los detenidos en la causa por presunto espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo, de ser parte de una "organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local" dedicada al "uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales".

Los cargos se desprenden de la imputación leída ayer a los acusados indagados y en la que se les atribuyó ser parte de "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia".

Las causas

El 26 de mayo último, la interventora de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal donde solicitó la indagatoria al ex Presidente Mauricio Macri "en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional".

La solicitada se hizo extensiva al ex titular de la AFI, Gustavo Arribas y a su segunda Silvia Majdalani, ambos parte de la administración durante la administración Cambiemos y ya imputados en la causa.

Registrada bajo el número 2916/2020 y aludiendo a los delitos de "violación de correspondencia" y "violación del sistema informático", la denuncia marca un presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de como mínimo 80 damnificados.

Finalmente, a partir de sus ramificaciones, son tres los jueces federales que investigan maniobras de espionaje ilegal en distintas formas ocurridas durante la administración Cambiemos, con el denominador común de que en todos los casos se sospecha del papel que jugó la AFI.

Dos de las causas se encuentran radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py, en juzgados a cargo del mencionado juez Marcelo Martínez de Giorgi.  La tercera está en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien ya comenzó a informar a las eventuales víctimas acerca de la prueba recolectada en su expediente.

¿Cuál es la diferencia? En el caso que se investiga en Lomas de Zamora se analizan maniobras de seguimiento cuerpo a cuerpo a dirigentes políticos de la más alta jerarquía como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe, Diego Santilli.

En los otros dos expedientes, abiertos por las denuncias de Caamaño, se investigan más de 80 interceptaciones de correos electrónicos cuyos rastros fueron hallados en un disco rígido encontrado en la sede principal de la central de espías; mientras que en el otro se estudia si la Agencia intervino en la confección de fichas ideológicas de unos 500 periodistas y académicos que se acreditaron para participar de cumbres del G20 y la OMC realizadas en Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri.