El lunes 5 de agosto comienza en los tribunales provinciales el juicio por los abusos en el Instituto Próvolo de Luján. El debate podría durar un mes –quizá más- y la justicia ya prevé algunos puntos a tener en cuenta para proteger a las víctimas. Entre esos recaudos está el no ingreso de la prensa a las audiencias, en pos de garantizar la privacidad e integridad de los declarantes.

Habrá una reunión con periodistas para explicar la metodología de trabajo.

Así lo señaló la Suprema Corte de Mendoza, subrayando que la prensa acreditada en el Poder Judicial no podrá ingresar en las salas. Una restricción que, de todos modos, es recaudo habitual en los casos de violencia sexual.

Para explayar su postura, la Corte ha programado para este miércoles una reunión informativa con periodistas. En ella se expondrá cómo se aspira a trabajar durante el proceso. Ya se sabe, de todos modos, que las audiencias tendrán lugar durante la mañana, desde las 8.30 a las 13.

Así que la fecha ya está fijada. El juez Carlos Manuel Díaz -que presidirá el tribunal- dice que tiene todo listo. A partir de ahora, cualquier cambio que se produzca en la fecha de inicio del debate “será por presentaciones de las partes y no por demoras del tribunal".

Una historia de terror

 

Cuando el próximo lunes se inicie el juicio por los crímenes del Próvolo, se escribirá uno de los capítulos finales de una verdadera historia de terror. Los acusados Nicola Corradi, Horacio Corbacho y Armando Gómez están imputados por abuso sexual contra alumnos hipoacúsicos que no solo no tenían cómo defenderse, sino que vivían en ese enorme edificio, de donde no podían escapar a pesar de ser vejados de forma sistemática.

Luego del juicio a esos tres acusados, comenzarán otros procesos. También deberán comparecer ante la ley la monja Kosaka Kumiko y los directivos y administrativos del Instituto.

Cabe destacar que en el caso ya está condenado Jorge Bordón, el monaguillo que accedió a un proceso abreviado. El sindicado aceptó los cargos de abuso sexual con acceso carnal y ahora afronta una pena de 10 años de prisión con cumplimiento efectivo. Puntualmente, se lo consideró como "la mano derecha de Corradi".