El Gobierno argentino “valorará y apoyará con fuerza" el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el marco de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrollará hoy en Ginebra.

“El país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”, al tiempo que pedirá a las autoridades de ese país investigaciones "prontas, exhaustivas, independientes e imparciales" de las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

"El presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", informó esta mañana la Cancillería en un comunicado.

“La República Argentina destacará a través de sus representantes en el Consejo la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias”, se precisa en el texto difundido por Cancillería.

Según indica el comunicado, la Argentina “contribuirá así a que se cumpla con la hoja de ruta convenida en la Carta de Entendimiento firmada por la Alta Comisionada y el Gobierno venezolano, valorando ese espacio de trabajo concreto abierto recientemente a partir de la presentación de las recomendaciones y solicitudes de la Alta Comisionada”.

En un estudio de 21 páginas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU volcó los estudios de una una misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela orientada a investigar “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Con entrevistas, declaraciones públicas e información digital como métodos de recolección de datos, se investigaron 223 casos individuales, en tanto la misión examinó otras 2891 violaciones a los derechos humanos reportadas en las cuatro áreas de su mandato.

Dentro de la multiplicidad de factores estructurales que el informe entiende dieron forma a estas prácticas se destaca que “las violaciones documentadas en este informe se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela desde 2014. El debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e institucionales dio lugar a una creciente impunidad, lo que exacerbó las violaciones”.