El Ministerio de Desarrollo Social eliminó, en lo que va del 2017, más de 70.000 pensiones contributivas para personas con capacidades diferentes.

Basándose en un decreto aprobado en 1997 por el entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, Cambiemos justifica este recorte de pensiones alegando que se requieren condicionamientos especiales para la entrega del beneficio.

Solamente en el mes de junio, la gestión de Carolina Stanley quitó el beneficio de 4.776 pesos a unas 16.457 personas que padecen discapacidad.

Además, la demora para adquirir el certificado de discapacidad que es obligatorio entregar para poder acceder a la pensión es de un año, con un total de 180 mil expedientes abiertos esperando la aprobación.

Más allá de todos los inconvenientes que este recorte causa para las familias afectadas, en la mayoría de los casos la suspensión se dio sin aviso, por lo que el beneficiario se enteró de la noticia al ir a cobrar su pensión.

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Social desmontó los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado, lo que agrava los problemas para los sectores más necesitados.