La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.

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La “mafia de la VTV paralela” está acusada de vender obleas truchas sin inspeccionar los autos e incluso pasar los controles en las plantas con la aprobación asegurada sin importar las condiciones de los vehículos. La banda fue desbaratada por la Policía de la provincia de Buenos Aires después casi 20 allanamientos en el Conurbano y dos en la Capital Federal.
La investigación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Bonaerense y se inició a fines del año pasado. Fue llevada a cabo por efectivos de la Departamental Almirante Brown con ayuda de otras reparticiones.
El operativo empezó después de encontrar varios perfiles de Facebook que ofrecían hacer la verificación técnica vehicular con o sin presentación en planta, con la aprobación de la misma, sin importar que problema presentara el vehículo.
Otro modus operandi de un grupo relacionado a esta banda era enviar directamente los vehículos a las plantas donde ingresaban con o sin turnos y aprobaban la revisión a cambio de una suma de dinero, sin importar las condiciones del auto.
“Pedían entre 2000 y 2500 pesos por cada vehículo y muchas se arreglaban por Whatsapp” dijo uno de los investigadores. Además, explicó: “Esta organización estaba compuesta por tres sectores que tenían un mismo nexo y están involucrados una gestoría, un estudio de abogados y hasta empleados de la planta verificadora de Lavallol, quienes eran los encargados de brindar los formularios y las obleas en blanco”.
Hasta ahora detuvieron a 18 personas en 20 allanamientos realizados en la zona sur del gran Buenos Aires y dos en Capital Federal. En los operativos se incautaron $280.000 en efectivo, agendas con el contacto de clientes, formularios de VTV, sellos y obleas en blanco. Además, la Policía que intervino se llevó un arma de fuego y varios equipos informáticos.
La causa está caratulada como "Asociación ilícita, falsificación de documentación propiedad automotor para la circulación, cohecho activo, cohecho pasivo y lavado de activo". Interviene el Juzgado de Garantías N° 3 y la U.F.I N° 8 Especializada en Delitos Económicos y Violencia Institucional.
La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.
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