La orden apunta a que esos recursos no puedan ser embargados, gravados ni ejecutados judicialmente.

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El túnel paralelo quedó algo desviado, por lo que los tubos del encamisado no encajan y los mineros no pueden bajar para rescatar al niño, atrapado en el pozo hace 9 días.

El túnel vertical paralelo al pozo donde cayó Julen, el domingo pasado en Totalán, presentó varias dificultades técnicas que retrasan aún más las tareas de rescate del niño de dos años. En concreto, los tubos que encamisan las paredes de esa galería no sobrepasaban los 40 metros de profundidad, por lo que había un riesgo de quedarse atascados y sin poder completar la operación. Para resolverlo, decidieron perforar nuevamente con un engrosamiento mayor.
Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, esta alternativa ha sido "la más segura" entre otras que se han barajado, apuntando que ya está en marcha pero no se conoce exactamente el tiempo estimado para completarla.
Completar la perforación de este túnel vertical, de 60 metros de profundidad, es el paso previo a que comience a trabajar la brigada de Salvamento Minero desplazada desde Asturias, que realizarán un túnel horizontal a mano hasta llegar al hueco donde podría estar el pequeño Julen.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga comenzó a recibir los informes y declaraciones relacionados con la desaparición de Julen.
El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vélez-Málaga fue el que, tras el aviso de la familia de que el pequeño había caído al pozo, dio parte a la autoridad judicial, quien de inmediato abrió diligencias judiciales para investigar las circunstancias del suceso.
También el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil trata de determinar cómo se hizo el pozo y si contaba con los pertinentes permisos, por lo que han tomado declaración a la persona que lo hizo, así como al dueño de la finca.
La Junta de Andalucía ya informó que no había tramitado ningún permiso para excavar el pozo de más de cien metros y en ningún departamento del Gobierno autonómico consta alguna solicitud, pese a que son obligatorios para realizar prospecciones en busca de agua.

La orden apunta a que esos recursos no puedan ser embargados, gravados ni ejecutados judicialmente.
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