La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El juez en lo Comercial, Javier Cosentino, decretó este viernes 11 la quiebra de la empresa Oil Combustibles, propiedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa, detenidos por la falta de pago de millones de pesos en impuestos.
A su vez, el magistrado dispuso el "desapoderamiento de los bienes" de los empresarios y los activos quedarán en manos de la Justicia. No obstante, también fijó un plazo de 72 horas para que las empresas interesadas en adquirir la compañía presenten sus propuestas.
A pesar de la quiebra, la empresa continuará con su explotación por 30 días para "evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo", según la resolución del juez. Por lo tanto, continuarán vigentes los contratos de la refinería de San Lorenzo.
Oil mantiene desde el año pasado una intervención judicial decretada en su momento por el juez federal Julián Ercolini, medida que fue extendida, esta vez, por 60 días.
Cosentino calificó la causa como un "peculiar proceso universal que por su complejidad y trascendencia ha motivado diversas reacciones en variados ámbitos de la sociedad". Además, sostuvo que tras el "fracaso del proceso de salvataje" se impone la quiebra.
López y De Sousa, por su parte, continúan presos tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó sus excarcelaciones y volvió a cambiar la carátula de la causa. La misma avanza hacia juicio oral por administración fraudulenta, por la cual también está acusado el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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