La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Piden la pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare
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"El ministro de Exteriores de la Argentina en su encuentro del 30 de mayo de 2013 con el entonces Secretario General de Interpol aseguró el cumplimiento de los requisitos contenidos en el memorándum por el gobierno de la Argentina", se expresa en la carta enviada desde Teherán y firmada por el canciller Mohammad Javad Zarif el pasado 4 de noviembre.
A menos de una semana de las detenciones de Carlos Zannini, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, desde Irán confirmaron que hubo un acuerdo con el gobierno argentino para que se levanten las alertas rojas por el ataque a la AMIA, lo que comprobaría que el Memorándum fue una excusa para encubrir ciudadanos de dicho país.
"El gobierno de la República Islámica de Irán con la buena voluntad y con el objetivo de ayudar a esclarecer las verdades sobre el atentado, firmó con el gobierno de la República Argentina, el memorándum de entendimiento fechado el 27 de enero de 2013, tras lo cual y siguiendo la voluntad política de ambos gobiernos las instituciones legislativas y competentes de ambos países lo corroboraron y confirmaron", continúa el escrito.
Ante la aparición del comunicado iraní, titulado "En el nombre de Dios", Ronald Noble, ex secretario general de Interpol, que ejerció desde el año 2000 hasta el 2014, había salido al cruce de las palabras del juez federal Claudio Bonadio, asegurando que nunca se solicitaron el levante de las alertas rojas.
"Si el juez Bonadio había puesto en contacto conmigo directamente, habría aprendido la verdad: que las alertas rojas de AMIA no se podían modificar. Que era transparente y público comunicó en comunicados de prensa de INTERPOL. Que los avisos de rojo han permanecido vigentes hasta este día", expresó Noble, en su cuenta de Twitter.
Entre otra críticas, se mostró completamente disconforme y destacó que "su informe político sesgado intentó ocultar la verdad de la gente de Argentina". Entre otros mensajes, confirmó que el memorándum firmado era incapaz de modificar el estado de las alertas.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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