La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Las anotaciones en los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, iniciaron una serie de investigaciones de coimas en las obras públicas que recae en varios empresarios de la construcción, principalmente. A menos de 10 días de haber salido a la luz, ya son siete los empresarios que hicieron un acuerdo con la Justicia.
En el caso del ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, se presentó ante el fiscal Carlos Stornelli y lograron un acuerdo para que este pueda declarar en carácter de arrepentido ante la Justicia, buscando una reducción en la condena y brindando detalles sobre la investigación que salpica al gobierno kirchnerista.
Así lo hizo luego de prestar declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py, en la causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio. Horas más tarde, el que sorprendió en la misma dirección con su arribo fue el empresario Aldo Roggio, titular de la constructora que lleva su nombre.
Según detallaron, tenía citación para la jornada de sábado con el juez Bonadio, pero decidió presentarse en las últimas horas de la tarde para lograr un acuerdo. Similar a lo ocurrido con Wagner, lo hará en carácter de arrepentido, siendo el tercero en la jornada en sumarse a la lista que ya integran Ángelo Calcaterra (Iecsa), Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa), Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Héctor Zabaleta (ex director de Techint), Armando Loson (Albanesi).
Todos estos mencionados quedaron imputados como partícipes necesarios de la asociación ilícita que pagaba coimas a Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de planificación, Julio De Vido, y que está vinculado con otras personalidades de la política nacional como el ex juez federal, Norberto Oyarbide o el fallecido ex presidente Nestro Kirchner.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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