Desde la oposición cuestionan la falta de transparencia del asesor presidencial y su papel en decisiones clave del Ejecutivo.

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La diputada realizó un pedido que va en línea con algunos partidos opositores y hasta Amnistía Internacional: que el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad nacionales se debata en el Congreso
La diputada Elisa Carrió propuso hoy analizar la resolución que flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad para "transformarla en ley en el marco del Congreso Nacional luego de un adecuado debate".
En un largo texto publicado en las redes sociales, la líder de la Coalición Cívica concedió que "actualmente la situación exige algún tipo de medida provisoria para subsanar falencias que desprotegen al agente de seguridad que deba emplear su arma".
Sin embargo, insistió en que "estas normas provisorias no pueden en ningún caso vulnerar los preceptos constitucionales y también deben ser consensuadas por las distintas fuerzas políticas que integran el gobierno, por tratarse de una política de alta significación nacional".
Para la chaqueña, una cuestión que abarque "la posibilidad de causar la muerte de un delincuente o accidentalmente la de un inocente, no puede ser una simple Resolución Ministerial".
La dirigente aclaró que no era su intención "desproteger al agente de seguridad o policial en el cumplimiento de sus funciones", sino por el contrario "proporcionarles las normas claras y adecuadas para ampararlo ante las posteriores consecuencias que su accionar".
�� Exigimos al Poder Ejecutivo que deje sin efecto el nuevo reglamento de Bullrich sobre uso de armas de fuego de las fuerzas de seguridad y que las modificaciones se discutan en el Congreso. Esta resolución es un retroceso democrático y pone en riesgo a toda la población pic.twitter.com/zhuF1P8VCk
— Mónica Macha (@MoniMacha) 5 de diciembre de 2018
Este pedido coincide con algunos de los sectores de la oposición que pidieron que el marco legal del decreto ministerial se debata en el Congreso de la Nacion.
Incluso Amnistía Internacional pidió que, si la resolución es necesaria, debe pasar antes por las Cámaras legislativas.
Desde la oposición cuestionan la falta de transparencia del asesor presidencial y su papel en decisiones clave del Ejecutivo.
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