La orden apunta a que esos recursos no puedan ser embargados, gravados ni ejecutados judicialmente.

Trump declara emergencia y blinda ingresos petroleros de Venezuela en cuentas de EE. UU.
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El presidente de los Estados Unidos ofrecerá un estatus especial temporal para quienes ya vivan en el país.

Cumpliendo una de las promesas de campaña realizadas por Biden, Estados Unidos ofrecerá protección legal temporal a los cerca de 300.000 venezolanos que llegaron al país luego de abandonar la República Bolivariana de Venezuela.
Los venezolanos que actualmente residen en los Estados Unidos podrán solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que generalmente se otorga a ciudadanos de países que sufren desastres naturales, conflictos armados u otras circunstancias extraordinarias.
Por un período de 18 meses, este permiso permitirá a los venezolanos que pasen las verificaciones de seguridad y antecedentes para seguir viviendo en los Estados Unidos sin temor a la deportación y obtener permisos de trabajo. Aquellos que lleguen después del 8 de marzo, sin embargo, no serán elegibles.
No está claro si la administración de Biden tomará en consideración renovar el TPS después del período de 18 meses. De momento se enfatizó que las protecciones están destinadas a ser temporales, aunque a muchos beneficiarios de otros países se les ha permitido permanecer en el país durante varios años.
Aquellos elegibles tendrán 180 días para solicitar protecciones, a partir del martes, y deberán proporcionar registros escolares, talones de pago u otra prueba de residencia en el país. El costo total de la solicitud será de US$545.
El ex presidente Donald Trump había ofrecido previamente a los venezolanos la oportunidad de solicitar otro tipo de protección humanitaria llamada "Salida forzosa diferida", protegiendolos de la deportación y permitiéndoles solicitar permisos de trabajo por un período de 18 meses a partir de enero.
La decisión de Biden de extender también el estatus de TPS a los venezolanos les brinda otra forma de buscar protección.

La orden apunta a que esos recursos no puedan ser embargados, gravados ni ejecutados judicialmente.
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