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Ya concretada la elección de la Asamblea Constituyente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que "promoverá la paz y el diálogo", pero la oposición, que rechazó participar en la elección, asegura que "fue propuesta por el líder del régimen para perpetuarse en el poder".
La Constituyente se implementará el miércoles 2 de agosto y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a una marcha en Caracas para denunciar su "ilegitimidad".
La coalición opositora consideró un fraude el resultado oficial de ocho millones de votantes (un 42,5% del padrón electoral) y estimó que sólo votó el 12% del censo electoral. En tanto que Maduro habló de "triunfo histórico".
La Constituyente se instalará el próximo miércoles en el Palacio Legislativo, donde sesionará paralelamente el Parlamento. La oposición convocó para ese día a una gran manifestación en Caracas.
Maduro aseguró que la nueva Carta Magna, que sustituirá a la que promulgó en 1999 el fallecido ex presidente Hugo Chávez, se someterá a referendo. El ordenamiento jurídico de 1999, mantendrá su vigencia con todos los derechos estipulados. Los Poderes Públicos seguirán su funcionamiento, sin embargo estarán sometidos a las decisiones de la ANC.
"Sólo a través de Justicia lograremos la paz para construir la igualdad, la estabilización política del país y brindarle seguridad al pueblo, la paz es un derecho del pueblo", aseguró Maduro.
El oficialismo tendrá en la Constituyente a sus cuadros más fuertes, entre ellos el número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello; la ex canciller Delcy Rodríguez; y la primera dama, Cilia Flores.
Después de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, el rechazo va desde la mayor potencia mundial hasta la Unión Europea, pasando por los países más poderosos América Latina. Estados Unidos incluyó a Maduro en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro.
Un total de 40 países democráticos, entre los que se encuentra la Argentina, decidieron desconocer la votación realizada por orden del presidente Nicolás Maduro.
Uno de los países latinoamericanos que marcó una postura diferente fue Bolivia. A través de un comunicado el presidente Evo Morales pidió al mundo respetar este proceso y se instó a la "comunidad internacional a respetar el proceso democrático" de Venezuela "en el que únicamente los ciudadanos y las ciudadanas de ese país, pueden definir su futuro en la Asamblea Constituyente". Lo mismo decidió el gobierno de El Salvador, que también se manifestó a favor de la ANC.
#Venezuela #Testimonios de votantes a la #ConstituyenteVA pic.twitter.com/LaOSFBsp0U
— Nodal (@InfoNodal) 30 de julio de 2017
Estados Unidos fue uno de los primeros en desconocer el resultado de la Asamblea y anunció sanciones financieras contra el presidente de Venezuela. Las autoridades norteamericanas indicaron que la medida fue tomada por la "ruptura del orden constitucional". Por su parte, la Unión Europea condenó la elección de la ANC al señalar su "preocupación" por "el destino de la democracia en Venezuela".
Las sanciones estadounidenses a Venezuela pueden estar cerca de pasar a un nivel dramáticamente más complejo. En este escenario especialistas ponen el ejemplo de Cuba, que tras el embargo de Estados Unidos impuesto en 1960 el país se vio envuelto en una crisis económica, pobreza y escasez.
La economía venezolana depende mucho del sector petrolero. El producto representa cerca del 95% de las exportaciones venezolanas y Estados Unidos sigue siendo el mercado crucial.
Si se producen las sanciones económicas al sector petrolero venezolano, habrá que esperar cómo reacciona el gobierno en su búsqueda de mayor apoyo y acuerdos comerciales con países como India, China y Rusia.
Con un promedio de 1 muerto al día en 4 meses de protestas opositoras, el rechazo hacia el gobierno de Maduro ha ido aumentando en los últimos meses.
Muchos, en coincidencia con la oposición venezolana, creen que la Constituyente puede "consolidar la dictadura" e "ilegalizar la disidencia", profundizando la crisis económica que inició hace cuatro años.
Pese a los distintos rechazos, el gobierno mantiene cierto apoyo de importantes potencias como China y Rusia y de decenas de países caribeños, así como de Nicaragua y Bolivia.
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