El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el año pasado. La presentación será elevada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

La decisión busca revertir la resolución del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que declaró inválida la suspensión de la norma y dispuso su plena vigencia. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el fallo implica una intromisión en atribuciones propias del Ejecutivo, especialmente en lo referido a la administración del gasto público y la elaboración del presupuesto.

En la Casa Rosada remarcan que la ley fue aprobada sin detallar las fuentes de financiamiento, un punto que —según argumentan— vuelve inviable su implementación en los términos ordenados por la Justicia. En ese sentido, advierten que cumplir con la norma podría poner en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico oficial.

La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027. Si bien fue promulgada, el Ejecutivo dispuso luego su suspensión mediante el Decreto 681/2025, al considerar que el Congreso no había establecido cómo afrontar el costo de las medidas previstas. Esa decisión generó fuertes reclamos de familias, organizaciones y prestadores, que denunciaron el impacto directo en tratamientos y servicios.

Tras un amparo presentado por dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad, la Justicia ordenó la aplicación inmediata de la ley y sostuvo que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación deben prevalecer por sobre las restricciones presupuestarias. Ahora, la Cámara Federal de San Martín deberá definir si mantiene ese criterio o si avala la postura del Gobierno respecto del financiamiento y las competencias entre poderes.