El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los ataques “por tierra” contra narcotraficantes en América Latina “van a empezar a suceder”, en una declaración que reaviva la preocupación por una posible escalada militar estadounidense en la región. Las palabras del mandatario, pronunciadas durante una entrevista reciente, se inscriben en su discurso de mano dura contra el crimen organizado y el tráfico de drogas, uno de los ejes centrales de su campaña.
Trump sostuvo que Estados Unidos no puede seguir tolerando la acción de carteles y redes criminales que, según dijo, “envenenan” a su país a través del narcotráfico. En ese marco, dejó entrever la posibilidad de avanzar con operaciones directas en territorio extranjero, una idea que ya había planteado durante su primer mandato y que ahora vuelve a tomar fuerza con su regreso a la Casa Blanca.
Las declaraciones generaron inquietud inmediata en varios países de América Latina, donde funcionarios y analistas advirtieron sobre el riesgo que implicaría una intervención militar sin consentimiento de los Estados involucrados. Especialistas en relaciones internacionales señalaron que este tipo de acciones violarían principios básicos del derecho internacional y podrían desatar conflictos diplomáticos de gran escala.
Desde distintos gobiernos de la región evitaron responder de manera directa, pero remarcaron la importancia de la cooperación internacional y el respeto a la soberanía como herramientas fundamentales para combatir el narcotráfico. En ese sentido, subrayaron que el problema del tráfico de drogas no puede abordarse únicamente desde una lógica militar, sino que requiere políticas integrales que incluyan desarrollo social, control financiero y reducción de la demanda.
El endurecimiento del discurso de Trump se produce en un contexto de alta tensión global y de redefinición de las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Mientras el presidente electo insiste en una estrategia agresiva contra el narcotráfico, crecen las advertencias sobre las consecuencias políticas, jurídicas y humanitarias que podrían derivarse de llevar adelante ataques terrestres en países de la región.