La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Tras el pedido de envío a juicio oral y público de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el primo de su difunto marido fue allanado en el marco de una investigación secreta, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita.
Carlos Santiago Kirchner es primo de Néstor Kirchner, también ex mandatario nacional, y recibió cuatro allanamientos el miércoles 20 de diciembre, repartidos entre Capital Federal y Río Gallegos, ordenados por el juez federal Julián Ercolini.
El "familiar presidencial" se desempeñó como Subsecretario de Obra Pública durante toda la administración Kirchner y más tarde lo nombraron Coordinador Federal de la Obra Pública Nacional. Se lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Los primeros años en su cargo, el funcionario era tildado como el "más rico", ya que, comparando su patrimonio con el resto que, en aquel entonces, declaraba montos modestos, él notificaba sumas millonarias.
Los procedimientos fueron ejecutados por personal de Gendarmería Nacional y se dieron en simultáneo, en su domicilio porteño de calle Cerviño, en las Cañitas; en una pinturería, un estudio jurídico y una inmobiliaria en la capital santacruceña.
El pasado 11 de diciembre, el mismo magistrado que dictaminó los allanamientos, ordenó la apertura de la caja de seguridad que Carlos Kirchner ostentaba en una sucursal del Banco Santa Cruz en Río Gallegos, hallando más de US$ 80.000, $ 239.000 y joyas.
Carlos Kirchner también se encuentra imputado en la causa que investiga presunta corrupción en la Obra Pública nacional -donde recientemente se solicitó que Cristina vaya a juicio oral y público- junto al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López y ex funcionarios de Vialidad Nacional.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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