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En la tarde del jueves 6 de septiembre, la jueza de Garantías del juzgado 5 de La Plata Marcela Garmendia ordenó allanar el Astillero Río Santiago, ubicado en Ensenada.
Una denuncia radicada por el actual interventor de la empresa, Daniel Capdevila, dio lugar al procedimiento en el que, según informó ATE Ensenada, se secuestraron "órdenes de pago, pago de documentación y legajos contables administrativos".
Según consta en el escrito, se habría detectado "la existencia de gravísimas maniobras" que perjudicaron al Astillero mismo. Específicamente, serían "actos administrativos irregulares destinados a desviar ingentes sumas de dinero en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -seccional Ensenada-".
Según apuntó el sindicato en un comunicado, las investigaciones están orientadas al período 2014/2015 y el propio fiscal que realizó el allanamiento aseguró "que en esta causa nada tiene que ver ATE Ensenada sino que se investiga la administración del ARS en esa época".
La utilización de la capacidad productiva industrial descendió en marzo, mostrando un deterioro en sectores clave como la automotriz, textil y productos de caucho.
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