Luego de la última conferencia de prensa de Enrique Balbi, vocero de la Armada, en la que destacó que aún se desconoce la ubicación exacta del submarino ARA San Juan, la fuerza de seguridad recibió una noticia contundente por parte de la Justicia, que modificará los protocolos llevados adelante hasta el momento.

Según expresó la jueza federal Marta Yáñez, una vez que se encuentre al buque y se inicien los procesos de sumersión, se deberá brindar la información de manera abierta y en vivo con un lapso máximo de entre tres y cuatro horas, tomando muestras y haciendo un relevamiento sobre lo hallado, sea cual sea el estado de la embarcación.

Esto último se relaciona con la información proporcionada en la jornada, en la que se confirmó que una de las anomalías sonoras se corresponde con una explosión, por lo que las hipótesis se posan sobre una destrucción de la nave o la posibilidad de que se encuentre en condiciones, pero sin la posibilidad de salir a flote.

A partir de esto, la Justicia tiene como primera hipótesis delictiva posible que sería el "estrago", a partir de un peligro latente que pudo haber generado un daño permanente. En este caso, se toma la avería en la batería, la cual, según explicó la Armada, fue subsanada y no habría afectado el transcurso del ARA San Juan.