En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente Alberto Fernández anunció que impulsará una querella criminal contra el Gobierno anterior, en relación al endeudamiento contraído con el Fondo Monetario Internacional durante el año 2018.

La deuda con el organismo implicó desembolsos por unos US$44.800 millones. Mauricio Macri anunció el acuerdo en medio de una corrida contra el peso y los activos argentinos. La moneda nacional se depreció aceleradamente mientras los tenedores de Lebacs desarmaban sus posiciones y se iban con sus dólares a su casa matriz.

Fondos especulativos extranjeros cambiaban sus dólares a pesos para suscribir letras del banco central (Lebacs) y generar ganancias extraordinarias a partir de la diferencia entre la tasa de interés local y la internacional. En esto consistía el esquema de valorización financiera (“carry trade”) que se instaló en el año 2016 y se quebró en 2018. 

La denuncia del actual Gobierno Nacional contra el macrismo descansa en la presunta irresponsabilidad de la administración anterior al contraer grandes magnitudes de deuda para sostener un esquema de endeudamiento precedente, sin respetar los mecanismos institucionales nacionales, y pasar por alto la propia reglamentación del FMI.

En concreto, esto implicaría una revisión sobre la legalidad del préstamo y el destino de los fondos contraídos. Sobre esta última cuestión, existen dos posiciones. Por un lado, el Presidente y los funcionarios de su Gobierno advierten que los miles de millones de dólares se “fugaron”. Es decir, fueron a parar al bolsillo de personas o empresas que compraron los billetes al Banco Central para atesoramiento o depositarlos en el exterior.

Por el otro, ex funcionarios del macrismo aseguran que el endeudamiento sirvió para hacer frente al déficit fiscal heredado y a pagar deuda contraída previamente. Los números de las cuentas nacionales de los últimos dos años de Macri en el poder le dan la razón a ambos bandos. 

Deuda 

El grueso de las divisas del Fondo llegaron al país entre junio y diciembre de 2018. Poco más del 10% del total de los dólares del organismo arribaron durante el 2019, hasta las elecciones presidenciales de ese año. Del total, se destinaron poco más de US$28.000 millones para cancelar deuda pública. Es decir, casi dos terceras partes del préstamo, lo cual coincide con lo señalado por Guido Sandleris en su cuenta de Twitter. 

El ex presidente del Banco Central advierte que el dinero se fue en pagos por deudas contraídas por Gobiernos anteriores. El macrismo llegó al poder con un Estado endeudado por más de US$240.000 millones, lo cual equivalía a un 52,6% del PBI del 2015. Sin embargo, abandonó la administración pública dejando una deuda de US$323 mil millones, el equivalente a 90,2% del PBI del 2019. 

Una diferencia sustancial entre los extremos de la grieta fue la composición del endeudamiento. Mientras los gobiernos kirchneristas tenían dificultades para acceder al mercado internacional de crédito, financiaban sus déficit a través de organismos públicos como la Anses o el Banco Central. El gobierno macrista incrementó el endeudamiento con la colocación de deuda a privados.

Como vemos, la administración kirchnerista estaba lejos de haber “desendeudado definitivamente a la República Argentina”, como señaló Cristina Fernández en el 2014. Pero el Gobierno de Mauricio Macri endeudó exponencialmente el Estado Nacional en sólo cuatro años: entre 2016 y fines de 2017 Argentina fue el país emergente de mayor colocación de bonos internacionales en el mundo.

De esta forma, el préstamo de emergencia otorgado por el Fondo Monetario Internacional sólo sirvió para estirar un desenlace inevitable, que culminó en el “reperfilamiento” decretado por el ex ministro Hernán Lacunza en 2019. Bajo las condiciones de crisis y corrida del 2018, la enorme deuda se revelaba impagable.

Fuga

El tercio restante de los fondos prestados por el FMI fueron destinados a la formación de activos externos (FAE), vulgarmente conocida como “fuga de divisas”. Esto ocurrió bajo dos mecanismos: en primer lugar, poco más de 11 millones de dólares fueron vendidos al público por el Banco Central; en segundo lugar, más de US$5 mil millones fueron también otorgados al público pero a través de subastas realizadas por el Tesoro Nacional. 

Durante la mayor parte de la administración macrista no existieron controles de capitales. Por la inexistencia de un “cepo cambiario”, cualquier persona podía comprar y vender dólares libremente en el mercado oficial. En momentos de estrés económico y financiero, nadie quiere vender sus dólares, y todo el mundo se apresura a comprarlos.

Como mencionamos anteriormente, al estallar el esquema de “carry trade”, tanto personas como empresas se apresuraron a desarmar sus posiciones en pesos y dolarizarse. Esto generó que no existan vendedores en el mercado cambiario, salvo el Banco Central. El juego, repetido a lo largo de nuestra historia, consiste en comprar todos los dólares posibles a la autoridad monetaria, sabiendo que su cotización puede saltar en cualquier momento. 

El presidente de la entidad en aquel momento, Luis Caputo, ofrecía de a montones de millones de dólares en el mercado. Al aumentar la oferta, buscaba evitar una depreciación mayor del tipo de cambio, que podía profundizar aún más la crisis.

Esto sólo profundizó la liquidación de dólares a precio barato. Incluso, le costó el cargo al “mago de las finanzas”. Su renuncia fue reclamada por el propio FMI, por haber violado el artículo VI de su Acta Constitutiva, el cual dispone que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o contínua de capital”. 

Además, entre marzo y agosto de 2019, el Tesoro Nacional realizó subastas diarias de 60 millones de dólares. El argumento del entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne fue que las ventas de divisas del Fondo se realizaron para financiar el déficit fiscal, con los pesos obtenidos en la operatoria. 

Sin embargo, financiar pasivos en moneda local a través de endeudamiento en moneda extranjera resulta extremadamente cuestionable en términos económicos. De fondo, el objetivo del ministro era el mismo que el de Caputo: “tranquilizar” el mercado de cambios, especialmente en las cercanías de las elecciones presidenciales. Los resultados son conocidos.

Según un informe elaborado por el BCRA, durante los cuatro años de la administración Cambiemos, la formación de activos externos superó los US$86.000 millones. Nuevamente, la salida de dólares del sistema financiero local no fue un problema exclusivo del macrismo, aunque la velocidad del fenómeno durante su Gobierno fue inédita.

Por caso, entre 2007 y 2011 la FAE se ubicó en US$79.000 millones. La constante salida de divisas del país desembocó en la implementación del "cepo" cambiario por parte de la administración de Cristina Kirchner hacia fines de 2011, lo cual hizo desacelerar a unos US$14.800 de goteo hasta el 2015.

Como vemos, la “fuga” de dólares es una constante, independientemente de quién esté al frente del ejecutivo nacional. Pero, además de la velocidad, existe una diferencia de fondo entre las distintas administraciones: el método de financiamiento de la FAE.

Durante los primeros Gobiernos kirchneristas, los dólares llegaron a partir de los superávit “gemelos”. El saldo comercial favorable posibilitaba el ingreso de más divisas que las salientes, y el superávit fiscal daba respiro a las cuentas nacionales. La reversión hacia el déficit durante el segundo mandato de Cristina hizo que la FAE pase a financiarse directamente por las Reservas del Banco Central acumuladas durante el período anterior.

Durante el gobierno de Cambiemos, los dólares fueron aportados por el endeudamiento público en los mercados internacionales. Y, finalmente, el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional fue destinado en parte a rescatar a los grandes capitales de las consecuencias de la crisis económica y financiera.

Las negociaciones

 

Como vemos, el ciclo de “endeudamiento y fuga” no comenzó con el Gobierno anterior. Y tampoco concluirá durante el actual. La decisión de Alberto Fernández sobre la querella criminal contra el macrismo y el FMI no deja de ser un recurso discursivo al comienzo de un año electoral. 

La administración actual reconoció, pagó y renegoció el conjunto de la deuda en manos de privados contraída por Cambiemos. Para avanzar hacia una investigación profunda sobre el endeudamiento con el Fondo, debería declararse ilegítima por haber violado los estatutos del organismo. Sin embargo, Argentina continúa pagando el vencimiento de intereses.

De esto se desprende que, eventualmente, lo que ocurra en la Justicia argentina no afectará en nada a la negociación en marcha. Incluso, el propio FMI está desarrollando una investigación interna sobre el préstamo. Pero las investigaciones no tienen puntos en contacto, se realizarán en forma paralela, sin consecuencias en el proceso de acercamiento entre las partes. 

Mauricio Claver-Carone, actual presidente del BID y ex representante de los Estados Unidos en el FMI, admitió durante el año pasado que el préstamo fue otorgado para favorecer a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales del 2019. 

Por su parte, el ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, advirtió este jueves en una charla organizada por Quinquela fondos: "Si vamos a un acuerdo de facilidades extendidas de 7 años, Argentina tiene que pagar u$s 16 mil millones durante 4 años seguidos. Ni Corea del Sur puede pagar eso. Si vamos al sueño de 20 años y reformamos la carta del Fondo, la deuda sigue siendo imposible de afrontar. Si no conseguimos rollear vencimientos de capital, la deuda es insostenible". 

Pese a todo, Martín Guzmán viajará a Washington a fines de marzo y comenzará una gira entre los países con mayor participación en el directorio del Fondo. El acuerdo para refinanciar la deuda con el organismo internacional puede cerrarse en el corto o mediano plazo, de cualquier manera sus consecuencias serán determinantes para el futuro de la economía argentina.

Por un lado, un programa de Facilidades Extendidas a 10 años tiene el riesgo que los vencimientos de capital coincidan con los acordados con los acreedores privados, fundamentalmente a partir del 2025. Si esto ocurre, probablemente estaremos hablando de una nueva refinanciación en un futuro no tan lejano. 

Por el otro, las condicionalidades que impone el Fondo para cerrar un acuerdo son conocidas. Avanzar hacia políticas regresivas y un ajuste fiscal más acelerado puede tener severas consecuencias sociales en un país que carga con tres años de crisis económica y niveles inéditos de pobreza y desempleo.