El fuerte ajuste planteado por la administración de Mauricio Macri perjudica, entre muchos otros, a los sectores más vulnerables. Entre ellos, figuran aquellas personas que padecen de fallas renales y precisan someterse a diálisis. Su salud no les permite otra opción, pero los recortes en Discapacidad ponen en jaque&nbsp;su situación. 
Desde la&nbsp;Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal se pronunciaron en alerta ante la "falta de recomposición arancelaria y el significativo retraso en los pagos" por parte de&nbsp;las financiadoras&nbsp;que está generando "dramáticas consecuencias" para los pacientes en diálisis. 
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El Programa Federal Incluir Salud (dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad) encabeza la lista de quienes deben grandes sumas: según denuncian, llevan "más de 12 meses de prestaciones impagas". 
Esto se suma a la galopante inflación y las paritarias cerradas por debajo de ella, además de la devaluación de la moneda, razones por las que el sector reclama la actualización de los aranceles vigentes en un 40% aproximadamente. 
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 30.000 personas se encuentran en diálisis en Argentina 460 son los centros afectados en el país 
 Entre 1 y 2% es la tasa de crecimiento anual de enfermedad renal&nbsp; 
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Ante la falta de solución, se "ha vuelto insostenible la continuidad de brindar los servicios" por lo que varios establecimientos que se encargaban de los tratamientos cerraron sus puertas y derivaron a sus pacientes "incluso a otras localidades". 
Otras de las medidas que tomaron las organizaciones que nuclean&nbsp;a los centros de diálisis de todo el país fue "no incorporar nuevos pacientes del Programa Incluir Salud".&nbsp; 
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 "Una semana sin diálisis representa para muchos la muerte. No se puede jugar más con la vida de los personas. Ya no se trata de un tema económico, sino de salud pública donde los más afectados siempre son los carenciados que no tienen otra alternativa de tratamiento”, manifestó Enrique&nbsp;Schinelli, gerente de la Cámara 
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"De no ser posible la inmediata y total cancelación de la deuda, como así también un ajuste de los valores prestacionales correrá peligro el tratamiento de miles de beneficiarios del Programa" que rondan los 6.000, explican desde la Cámara.

Denuncian que hace m&aacute;s de 12 meses que el plan Incluir Salud no abona las prestaciones correspondientes. Como consecuencia, varios centros debieron cerrar sus puertas. Qu&eacute; pasa con quienes necesitan este tratamiento

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