El ex gobernador de Buenos Aires y actual diputado por el mismo territorio, Daniel Scioli, está envuelto en una polémica causa en la que este viernes 4 de mayo se solicitó la inhibición general de sus bienes y la prohibición de su salida del país. 
El pedido fue esgrimido por el fiscal penal de La Plata Álvaro Garganta ante la jueza&nbsp;Marcela Garmendia&nbsp;que, hasta el momento, ha dado lugar a sus requerimientos, aunque habría que esperar la definición sobre esta cuestión. 
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El también ex candidato a presidente está acusado de cometer el delito de tráfico de influencias por la construcción de 9 Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de otras 6 en el Conurbano bonaerense. 
Desde la acusación, denuncian irregularidades en la contratación de obras públicas, ya que no hubo licitación&nbsp;para construir&nbsp;estas&nbsp;salas de primeros auxilios, sino que se hizo a través de la Ley de Contabilidad. 
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 En el día de la fecha ejercí mi derecho a la defensa en el marco de esta investigación preparatoria. He desmentido detallada y pormenorizadamente cada una de las imputaciones que se me formularon. Como resumen de lo expuesto, enumero brevemente: <a href="https://t.co/SwP2mzC6rS">https://t.co/SwP2mzC6rS</a> <a href="https://t.co/HQu5x9lj2m">pic.twitter.com/HQu5x9lj2m</a>— Daniel Scioli ���� (@danielscioli) 
 <a href="https://twitter.com/danielscioli/status/992026554988417024?ref_src=twsrc%5Etfw">3 de mayo de 2018</a> 
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La solicitud recae no sólo en Scioli, sino también en el ex ministro de Salud bonaerense Alejandro Collia y el empresario Ricardo Miller. El monto total de la inhibición alcanzaría los $189.200.000. 
Si la magistrada Garmendia&nbsp;hace lugar al pedido del fiscal, además del embargo,&nbsp;cada vez que Scioli quiera salir del país deberá pedirle autorización a la Justicia. 
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 <img alt="Scioli" data-height="510" data-size="w:537,h:510" data-width="537" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/05/04/scio.jpg_1671692202.jpg" title="Scioli" vspace="5"> 
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 Se defendió y justificó la falta de licitación pública para las UPA | Foto: Twitter 
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El jueves 3 de mayo, el también ex vicepresidente de la Nación (2003-2007) acudió a su declaración indagatoria y, si bien decidió no responder preguntas, presentó un extenso escrito. 
Para responder a quienes lo señalan como un criminal por haber realizado tráfico de influencias debido a la relación que mantenía con el empresario Miller -a quien se adjudicó las obras de UPA- aseguró que su vínculo era de carácter&nbsp;profesional y no personal. 
Además, negó haber participado en cualquier acto de corrupción, y en un dictamen de perfil más técnico,&nbsp;justificó la falta de licitación pública para la construcción de las UPA al sostener que eran "objetos" y no un inmueble u obra pública.

El diputado y ex gobernador bonaerense est&aacute; imputado por presuntamente haber cometido el delito de tr&aacute;fico de influencias en la construcci&oacute;n de Unidades de Pronta Atenci&oacute;n

Piden embargar a Scioli e impedirle la salida del país

CORRUPCIÓN

Otro posible revés judicial para el kirchnerismo se asoma tras los pedidos de que la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sea enviada a juicio oral y público. Es en el marco de la causa que investiga el favorecimiento&nbsp;al detenido Lázaro Báez a través de la adjudicación de obras públicas. 
La solicitud fue presentada por los fiscales&nbsp;Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y se suma a las ya expuestas por la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. La causa está a cargo del juez federal Julián Ercolini. 
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 <img alt="Julián Ercolini" data-height="579" data-size="w:1003,h:726" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/04/18/ercolini.jpg_278079244.jpg" title="Julián Ercolini" vspace="5"> 
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 El juez federal Julián Ercolini deberá decidir si hace lugar o no al pedido 
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Hay varios imputados además de la ex mandataria: entre ellos, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido;&nbsp;el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López y el funcionario de Coordinación de Obra Pública y primo de Néstor, Carlos Kirchner. El resto son ex miembros de Vialidad Nacional. 
La ex líder nacional está acusada de delito de asociación ilícita y fraude al Estado nacional. Si el magistrado hace lugar al pedido, sería la primera causa en la que sea enviada a juicio oral y público en lo referido al manejo de la obra pública en beneficio&nbsp;de Lázaro&nbsp;Báez. 
Hasta el momento, recae un embargo de $ 10 millones sobre Cristina Fernández y se está trabajando sobre todos los bienes de los imputados: ya hubo apertura de cajas de seguridad y de cuentas bancarias, asi como el inicio de identificación de vehículos e inmuebles con fines de decomiso.

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