En medio de una escandalosa sesión en la Cámara de Diputados para implementar el congelamiento de la suba de las tarifas de agua, luz y gas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires publicó un estudio en el que establece que, gracias a&nbsp;"los aumentos de alquiler, expensas y tarifas", los inquilinos porteños son "cada vez más pobres" y viven con $150 diarios. 
Según señala este reporte, "el alquiler de vivienda aumentó 83% en los últimos 2 años", pasando, por ejemplo, de $5.822 que costaba por mes un departamento de 2 ambientes en 2016 a $10.700 un mismo espacio en marzo de este año. 
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A partir de este dato, tomado de la&nbsp;Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, se calculó que, "entre los aumentos de alquiler, expensas y tarifas, al inquilino promedio de la ciudad le queda para vivir $150&nbsp;diarios". 
Por otro lado, se determinó que "el aumento de las expensas, que en 2 años fue del 100%, en el caso de los inquilinos se agrava por la discrecionalidad a la hora de liquidarlas". 
En el informe también se sostiene que un inquilino que gastaba un promedio de $150 mensuales, ahora&nbsp;debe afrontar costos por $1.100, al incluir gas, luz y agua junto a $200 de ABL más que antes. 
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 <img alt="Alquiler" data-height="602" data-size="w:1868,h:1406" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/04/18/lq.jpg_958714221.jpg" title="Alquiler" vspace="5"> 
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 Con los aumentos, a los inquilinos les queda $150 diarios para vivir | Foto: NA 
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"Con estos incrementos, los inquilinos de la Ciudad, que representan un 40% de la población, viven con $150 diarios", alertó la Defensoría del Pueblo porteña. 
En tanto, se remarcó que, si se tiene en cuenta "que más de un tercio de la ciudad vive en soledad y otro 25% corresponde a hogares conformados por dos personas, el ingreso promedio de sus trabajadores de acuerdo con Estadísticas y Censos, que es de $20.000, apenas alcanza para hacerse cargo de todos los gastos de la vivienda alquilada". 
Para hacer los cálculos, el sondeo tomó un valor promedio de expensas de $2.800. Para el mismo período, estimó un costo de $390 para el gas, de $380 para la luz, de $310 para el agua y de unos $500 para el ABL. 
Todos esos gastos más el alquiler representan un total de $15.020 para el tercer mes del año, mientras que en enero de 2016 la cifra llegaba a $7.667, expuso el trabajo. 
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Un estudio de Defensor&iacute;a del Pueblo revel&oacute; las alarmantes cifras que grafican la vida del 40% de la poblaci&oacute;n porte&ntilde;a actual

Los inquilinos de la Ciudad, cada vez más pobres: aseguran que viven con $150 diarios

SOCIEDAD

La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió al Poder Ejecutivo que brinde "una explicación clara" sobre las 39 escuelas clausuradas por falta de matrícula y destacó la preocupación que la situación genera "dentro de la comunidad educativa". 
"Estamos en contra de cualquier cierre, porque principalmente descuida y afecta los derechos de los chicos de los sectores rurales, que muchas veces son los más postergados", precisó hoy el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, en declaraciones difundidas a la prensa.&nbsp; 
"La decisión va en contra de nuestra mirada federal de la provincia; es una política basada en la optimización de gastos y no en ver a la educación como una inversión", insistió el funcionario. 
La Defensoría pidió a la Dirección General Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) que informe la nómina de escuelas afectadas; la cantidad de alumnos y cargos docentes y auxiliares a los que alcanza la medida; el motivo de la decisión de cierre y el destino otorgado a los alumnos que concurrían a las instituciones educativas afectadas, como también el destino de los edificios en los que funcionan dichas instituciones.&nbsp; 
 
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 El cierre de instituciones educativas afecta los derechos de los chicos de los sectores rurales, que muchas veces son los más postergados. La educación es una inversión en su futuro, no debe ser una política basada en la optimización de gastos.<a href="https://t.co/AMu85MtfW2">https://t.co/AMu85MtfW2</a>— Guido Lorenzino (@GLorenzino) 
 <a href="https://twitter.com/GLorenzino/status/968491237153169408?ref_src=twsrc%5Etfw">27 de febrero de 2018</a> 
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El pedido es sobre los 39 establecimientos educativos ubicados en Pellegrini, Castelli, Laprida, Lezama, Ayacucho, Tres Arroyos, Lincoln, Tres Lomas, Rauch, Tordillo, Pringles, Exaltación de la Cruz, Chacabuco, Chivilcoy, 9 de Julio, General Belgrano, Dolores, General Guido, Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Villarino y Olavarría. 
La semana pasada, el gobierno bonaerense acordó con los gremios docentes revisar la situación de los alumnos que asisten a 39 escuelas rurales y a ocho escuelas que funcionan en las Islas del Delta, tras la decisión de clausurarlas por "falta de matrícula" y reagrupar a los alumnos en otros colegios. 
Durante una reunión efectuada con los gremios docentes la administración provincial se comprometió a revisar "caso por caso", tras asegurar que ningún alumno iba a viajar más de seis kilómetros hasta su nueva escuela. 
Los gremios rechazaron el cierre y pidieron que se suspenda hasta el 31 de marzo próximo, mientras se debate con la comunidad educativa. 
Fuente: Télam.

Se solicit&oacute; a la Direcci&oacute;n General Cultura y Educaci&oacute;n bonaerense (DGCyE) que informe la cantidad de alumnos y cargos docentes a los que alcanza la medida

Clausuraron 39 escuelas rurales: Qué dice la Defensoría del Pueblo

CLAUSURAS DE ESCUELAS

La&nbsp;Defensoría del Pueblo porteña alerta&nbsp;a los consumidores por una práctica preocupante y cada vez más común: el intento de estafadores por cobrar deudas inexistentes o ya prescriptas. 
"Hay bastantes reclamos por estas prácticas, que son contrarias a la ley de Defensa del Consumidor. En general son deudas prescriptas, que tienen más de 8 años y la gente no está obligada a pagar", explicó Gerardo Guglielmotti, director del área de Derechos del Consumidor de la Defensoría del Pueblo porteña. 
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 <img alt="Llamada" data-height="1200" data-size="w:3744,h:5616" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/02/18/02j85240.jpg_1250606894.jpg" title="Llamada" vspace="5"> 
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 Los expertos recomiendan no pagar, por más que insistan | Foto: Stock Photo 
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La modalidad, prohibida por la&nbsp;Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, en general abarca presuntas deudas de&nbsp;servicios de telefonía celular, cable, compra de electrodomésticos o tarjetas bancarias. Los llamados provienen de&nbsp;estudios jurídicos que amenazan con embargos o intimidaciones para intentar cobrar la aparente&nbsp;morosidad. 
Guglielmotti&nbsp;apuntó que la mayor cantidad de reclamos se da por deudas con "Telecom, Personal, Columbia y Garbarino" y puntualizó que "los montos varían: pueden ser más elevados cuando hay préstamos o electrodomésticos en cuestión, o más bajos en servicios menores, aunque en esos casos también va subiendo con los intereses". 
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 Suelen ser presuntas deudas relacionadas a telefonía celular y tarjetas de crédito | Foto: Stock Photo 
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Sobre el modus operandi de los estudios, el experto&nbsp;detalló: "Compran deudas viejas y después cobran un monto bajo amenazas de embargo, aprovechando el miedo de la gente a estas prácticas hiper intimidatorias, que pueden incluir que te digan que entrás al Veraz o que te manden un símil carta documento. O que te vuelven a informar al Veraz, que es una mentira". 
"Estos estudios se caracterizan por la coacción y se aprovechan sobre todo de la gente grande. Hasta llaman a familiares o vecinos, haciéndote quedar como moroso", advirtió. 
Por su parte, el titular de Consumidores Responsables y encargado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Henry Stegmayer, reconoció que se hicieron "muchas gestiones para ayudar a vecinos con el reclamo de cobro de deudas prescriptas". 
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 A pesar de la insistencia, recomiendan no pagar | Foto: Stock Photo 
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"En los llamados, te reconocían que la deuda estaba prescripta, pero argumentaban que se puede seguir reclamando. Hasta te mandan cartas documento haciéndose pasar por el Veraz", relató, coincidiendo con Guglielmotti. 
Stegmayer agregó que también ocurre con tarjetas de crédito: "Muchas veces la persona dio de baja la tarjeta y le quedaron $90&nbsp;o centavos por gastos administrativos. Eso queda dando vuelta y al tiempo se transforma en $2.000 y aparece un estudio jurídico que te reclama deuda". 
"También pasa con gastos de renovación de tarjeta. O con gente que se pasó de compañía de teléfono de celular y les exigen pagar una deuda por no cumplir los 24 meses de un contrato que nunca le informaron", especificó. "Hay una violación de los derechos, porque quizás el banco no le explicó que quedaba un 'pucho'&nbsp;y la persona no pidió un libre deuda", añadió. 
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 <img alt="Llamado" data-height="533" data-size="w:5086,h:3391" data-width="800" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2018/02/18/ing_17215_09571.jpg_158021514.jpg" title="Llamado" vspace="5"> 
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 Las víctimas centrales suelen ser los adultos mayores | Foto: Stock Photo 
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<h2>¿Qué hacer en estos casos?</h2> 
"La Ley 24.240 plantea multas y sanciones. Si un organismo le da la razón al consumidor, éste puede pedir un resarcimiento a la Justicia. El tema es que la mayoría quiere sacarse el lío de encima y nadie reclama", reveló&nbsp;Stegmayer. 
Asimismo, recomendó a los damnificados por estas situaciones "acercarse a la oficina de Defensa del Consumidor o llamar para preguntar qué deuda están reclamando, que se informen y asesoren". 
Por su parte, Guglielmotti, citó la recomendación del defensor&nbsp;del Pueblo porteño, Alejandro Amor: no pagar inmediatamente "por más amenaza que haya". "Un&nbsp;embargo no se hace en cinco minutos, necesita de la decisión de un juez", agregó. 
"Si no recuerda la deuda, la persona tiene que pedir al estudio la información referida: contrato, deuda y motivo de la misma. Con eso, lo acerca a la Defensoría para revisarlo y se le arma un texto para que los estudios vean que tienen asesoramiento. Te pueden seguir llamando después de eso, pero no hay que pagar", insistió.

Cada vez crecen m&aacute;s los casos en que estudios jur&iacute;dicos amenazan con embargos por deudas inexistentes. Qu&eacute; hay que tener en cuenta para no caer en la trampa

Alerta por estafadores que pretenden cobrar deudas ya están pagas

Luego de que una mujer de 43 años realizara la primera demanda judicial por violencia obstétrica del país contra la neonatóloga, el obstetra, la obra social y la clínica en la que nació su hija, comienza la discusión en base a qué pasos se pueden dar si se sufre este tipo de violencia. 
<h2>¿Qué es la violencia obstétrica?</h2> 
La violencia obstétrica comprende cualquier acción que patologice los procesos reproductivos naturales y biológicos, a través de un maltrato (físico o verbal)&nbsp;por parte de los profesionales de la salud, relacionado con todo el procedimiento que conlleva un&nbsp;embarazo. 
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 La violencia obstétrica&nbsp;puede darse tanto en el período de gestación como en el parto, inclusive el post-parto | Foto: Shutterstock 
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Esta violencia se puede sufrir desde el período de gestación hasta el posparto, por lo que afecta de manera directa o indirecta, el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. 
<h2>Un caso sin precedentes</h2> 
Agustina Petrella&nbsp;tuvo su primer hijo a los 38 años y la experiencia del parto fue muy distinta a la que tenía en mente. Fue así que cuando estaba embarazada de Milagros, su segundo bebé,&nbsp;una partera le indicó que&nbsp;podía presentar en la clínica un "plan de parto". 
Así que pidió por escrito algunas restricciones para ese momento: que&nbsp;no hubiera gente de más, que las luces estuvieran bajas y que, salvo que hubiera alguna complicación, apoyaran a la beba en su pecho rápidamente, sin bañarla y sin pincharla, para respetar lo que se conoce como "la hora sagrada". 
 
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 Agustina Petrella, la primera mujer en denunciar judicialmente por violencia obstétrica | Foto: @alu_petrella 
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Pero nada de eso sucedió. En la sala de parto le dijeron que a pesar de que había una ley, "ellos no estaban para cumplir los caprichitos de los padres". Es decir, no respetaron el llamado "Parto Humanizado". 
<h2>Ley de Parto Humanizado&nbsp;o Respetado</h2> 
En octubre de 2015 en nuestro país se promulgó La&nbsp;Ley N° 25.929 de Parto Humanizado, que indica que en todo momento del proceso del embarazo se deben respetar los derechos y deseos del paciente. 
Como&nbsp;primera medida la norma establece que, tanto las obras sociales como las empresas de medicina privada y/o entidades de medicina prepaga, deben instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.&nbsp; 
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 La Ley de Parto Humanizado establece que se deben cumplir los derechos y deseos de los padres, en todo momento | Foto: Shutterstock 
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<h2>¿Qué se puede hacer en casos de violencia obstétrica?</h2> 
Se puede iniciar una denuncia para este tipo de violencia en la&nbsp;<a href="http://www.dpn.gob.ar/salud.php">Defensoría del Pueblo de la Nación&nbsp;</a>o bien&nbsp;en la&nbsp;<a href="http://www.dpn.gob.ar/salud.php">Consavig</a>, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.&nbsp; 
En el caso de Agustina, la Defensoría hizo una auditoría y determinó que&nbsp;había existido violencia obstétrica, por lo que se pudo llevar a cabo la denuncia judicial. En el&nbsp;<a href="http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/violencia-de-genero/denuncia-de-la-violencia-obstetrica-modelos-e-instructivo.aspx">sitio web del Ministerio de Justicia de la Nación</a> figuran todos los instructivos y los pasos a seguir para iniciar una demanda. 
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 <img alt="" data-height="400" data-size="w:6016,h:4016" data-width="600" hspace="5" src="https://assets.dev-filo.dift.io/img/2017/06/30/shutterstock_531691069.jpg_231334169.jpg" title="" vspace="5"> 
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 El sitio institucional del Ministerio de Justicia explica cuáles son los pasos a seguir para iniciar una demanda de este tipo | Foto: Shutterstock 
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<h2>Una de las formas de la violencia de género</h2> 
Este tipo de violencia&nbsp;es una de las seis formas de violencia contra la mujer&nbsp;estipuladas en la&nbsp;"ley de violencia de género".&nbsp; 
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Una mujer sent&oacute; un caso sin precedentes al demandar de forma judicial a quienes no respetaron sus deseos en el proceso de embarazo. Conoc&eacute; c&oacute;mo hay que hacer para combatir este tipo de violencia

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