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Privatización de AySA: advierten que la venta "no resiste ningún análisis técnico"

La cesión por un valor cercano a las ganancias de un solo año encendió alertas judiciales y pedidos de auditoría ante el riesgo de suspensiones del suministro en el conurbano.

Privatización de AySA: advierten que la venta "no resiste ningún análisis técnico"

La venta del 90% de AySA por 340 millones de dólares implica transferir la empresa por un valor equivalente a "tres meses de facturación", denunció el diputado de Unión por la Patria, Guillermo Michel, al exigir que la Auditoría General de la Nación (AGN) examine de inmediato la privatización que impulsa la administración de Javier Milei. La cifra fijada para la cesión contrasta de lleno con los 273 millones de dólares de ganancia operativa que la compañía estatal registró durante el último ejercicio, una diferencia que llevó al legislador a advertir que el recurso "está totalmente mal vendido o regalado".

El contrato proyectado por el Gobierno contempla ceder la concesión del suministro durante 360 meses sobre una infraestructura que abastece a cuatro millones de hogares, lo que representa una valuación cercana a los 100 dólares por usuario que "no resiste ningún análisis técnico". El desfasaje entre el patrimonio de la red y el monto de salida alertó a la oposición por las facilidades otorgadas al grupo inversor privado para quedarse con un activo clave a una fracción de su generación de caja.

A la tasación a la baja se suma un conflicto directo de intereses en la nómina de adjudicatarios, ya que el consorcio interesado incorpora a corporaciones que hoy operan como proveedoras de la propia prestadora pública. Bajo ese esquema, Michel señaló a Radio 10 que los futuros dueños "van a estar de los dos lados del mostrador" al asumir el control y contratarse a sí mismos, abriendo la puerta a que fijen el costo de los insumos y la materia prima a "un valor que le sirva a sus empresas privadas" en perjuicio de las finanzas del servicio.

El avance de la venta ya derivó en dos expedientes judiciales en trámite dentro del fuero Contencioso Administrativo y en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, instancias que motivaron el reclamo para que la AGN "se meta de lleno en esto" del mismo modo que lo hizo con la Hidrovía. Como alternativa a la enajenación total, el diputado propuso aplicar un modelo de participación mixta similar al de YPF, donde el Estado "se reserve el 51% para tomar decisiones respecto al precio de la tarifa y al plan de obras" y convoque al capital privado únicamente sobre el 49% restante.

La mayor preocupación recae en los más de 16 millones de bonaerenses que dependen de la red de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana, un universo social expuesto a cortes de servicio y subas tarifarias desmedidas sobre "un derecho y un bien esencial". Frente a la vulnerabilidad de las familias del conurbano ante el encarecimiento de las boletas, el legislador remarcó que el gobierno provincial debe analizar su incorporación formal a los reclamos para frenar el traspaso del servicio.

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