El Gobierno nacional afronta este lunes un vencimiento por cerca de u$s800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque en el mercado financiero dan por descontado que la Argentina cumplirá con la obligación para evitar turbulencias cambiarias, el equipo económico todavía no definió la ingeniería que utilizará para conseguir los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda interna exigida por el organismo.
El margen de maniobra de la administración es estrecho. En las cuentas del Tesoro dentro del Banco Central figuran apenas u$s851 millones en moneda extranjera, una cifra que dejaría un remanente de solo 51 millones tras saldar la cuota. La otra alternativa en análisis implica utilizar parte de los $8,9 billones depositados en pesos para comprarle divisas a la propia autoridad monetaria, un movimiento que impactaría de forma directa sobre el nivel de las reservas netas, sumado a la necesidad de gestionar la compra de DEG con el Tesoro de los Estados Unidos.
La presión de la fecha coincide con la reciente aprobación de la tercera revisión técnica por parte del personal del FMI, que valoró la marcha de las reformas, la desaceleración inflacionaria y las compras por más de u$s16.000 millones acumuladas por el Central. Sin embargo, ese aval no trae alivio inmediato: el giro pendiente de u$s900 millones depende de la votación formal del Directorio Ejecutivo, prevista recién para los primeros días de diciembre, dejando al país sin auxilio financiero para este compromiso.
El panorama se torna más complejo al observar el estado de la actividad doméstica y el cumplimiento de las metas. Un informe de la consultora LCG advirtió que "la meta del primer semestre no se alcanzó", al registrarse un resultado fiscal de $6,29 billones frente al objetivo de $6,86 billones, y alertó que las proyecciones para el tercer trimestre apuntan a una contracción del 2,6%, lo que devolvería a la economía a una recesión técnica pese al rebote del 0,7% registrado en septiembre.
El esfuerzo de liquidez para cancelar estos u$s800 millones enciende alarmas de cara a enero de 2027, cuando el Estado deberá reunir unos u$s4.500 millones para pagarles a los acreedores privados. Con las colocaciones del Bonar 2029 suspendidas, un riesgo país cercano a los 800 puntos y los mercados internacionales de crédito cerrados, cada divisa que sale de las arcas públicas profundiza las dudas sobre la sustentabilidad de los próximos vencimientos.