El Gobierno postergó el tratamiento del proyecto de defensa de la soberanía nacional, conocido como Ley de Malvinas, mientras negocia modificaciones para conseguir el respaldo de los bloques aliados y atender los cuestionamientos que surgieron sobre su contenido. El debate en comisiones, que estaba previsto para esta semana, se reprogramó para el 27 de octubre.

La iniciativa es una de las prioridades legislativas de La Libertad Avanza para el cierre del período ordinario, pero las diferencias sobre varios artículos complicaron los planes del oficialismo. Aunque tanto aliados como la oposición exigen modificaciones para darle respaldo al proyecto, ya que de los ocho capítulos que componen la norma, solo el primero aborda el reclamo por las Islas Malvinas. 

El resto contempla cambios en las leyes de defensa nacional, inteligencia y financiamiento de los partidos políticos, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente.

También habrían llegado planteos vinculados con empresas estadounidenses por el alcance de las sanciones previstas en el proyecto.

Los artículos que el Gobierno busca modificar

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 111, que contempla penas de hasta 12 años de prisión para quienes, por cuenta de un agente extranjero, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación.

La redacción generó preocupación entre organizaciones y referentes del periodismo por el riesgo de que la norma pueda afectar la libertad de expresión. También recibió cuestionamientos de especialistas en derecho constitucional, que advirtieron sobre la amplitud de la figura penal y sus posibles consecuencias.

La nueva versión del proyecto que circula entre los bloques aliados eliminaría las referencias más ambiguas a las campañas de desinformación. La modificación buscaría reducir las objeciones sobre una eventual utilización de la norma contra periodistas, dirigentes políticos u organizaciones de la sociedad civil.

Otro de los focos de negociación es el alcance de las sanciones para empresas extranjeras. Según La Nación, compañías estadounidenses habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la falta de precisión sobre qué firmas podrían quedar alcanzadas por las penalidades. El planteo habría llegado a la Casa Rosada mientras el oficialismo trabajaba para cerrar una nueva versión del articulado.

En paralelo, el proyecto incorporaría cambios en la integración del Consejo de Seguridad Nacional. Entre ellos, la inclusión del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. También se prevé crear una comisión bicameral para controlar su funcionamiento, una modificación que ya había anticipado la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, durante su exposición ante los diputados.

Pese a estos ajustes, todavía no está claro si las concesiones alcanzarán para reunir los votos necesarios. El PRO y la UCR forman parte de las negociaciones, mientras que otros espacios, como Provincias Unidas, mantienen diferencias que podrían complicar el armado de una mayoría.

El peronismo, por su parte, planteó que está dispuesto a acompañar únicamente el primer capítulo, dedicado al reclamo por Malvinas, y pidió que se trate por separado del resto de las reformas.

Cuándo volverá al Congreso

La discusión en comisiones quedó fijada para el 27 de octubre. La postergación dejó atrás la posibilidad de incluir el proyecto en la extensa sesión que La Libertad Avanza prepara para esta semana, en la que busca avanzar con otros temas de su agenda legislativa.

La diputada libertaria Silvana Giudici sostuvo que la iniciativa requiere un debate importante en el recinto y anticipó que tendrá una sesión propia, distinta de la prevista para noviembre, cuando se tratará el Presupuesto.

En esa futura convocatoria, el oficialismo también buscaría incluir las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo régimen de biocombustibles, dos iniciativas que ya cuentan con media sanción del Senado. Este último proyecto es especialmente relevante para Córdoba y Santa Fe, provincias vinculadas con la producción agroindustrial y promotoras de cambios en el sector.

La demora en el debate de la Ley de Malvinas coincide, además, con la llegada al país de funcionarios estadounidenses, entre ellos el subsecretario de Estado Christopher Landau y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Por el momento, no está confirmado si el proyecto formará parte de las conversaciones.