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El Gobierno autorizó una compra militar bajo secreto en plena tensión por Malvinas

La medida quedó establecida en el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma impide conocer qué equipamiento se adquirirá, cuánto costará y quién será el proveedor, en el marco del plan de reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno autorizó una compra militar bajo secreto en plena tensión por Malvinas

El Gobierno nacional dispuso mantener bajo secreto militar una nueva operación de compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La decisión se formalizó mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La medida impide acceder públicamente a los detalles de la adquisición, incluidos el material que se incorporará, el monto de la operación, el proveedor y la fuerza que recibirá los equipos. El expediente administrativo que tramita la compra tampoco contiene referencias que permitan vincularla directamente con los aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca.

La decisión se conoció en medio de una nueva escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el Gobierno avanzó con medidas contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin autorización argentina y promovió un procedimiento internacional para intentar frenar la explotación del yacimiento Sea Lion.

En paralelo, el Ejecutivo ordenó avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Londres, por su parte, manifestó su rechazo a las acciones argentinas y ratificó su posición sobre el territorio.

Qué establece el decreto sobre la compra militar

La norma se apoya en la Ley de Defensa Nacional 23.554, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas 24.948 y el Decreto 9390/63, que regula la clasificación de operaciones como secreto militar.

Este último contempla adquisiciones, fabricaciones y construcciones consideradas fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Al aplicar ese régimen, el Gobierno exceptúa a los organismos que intervienen en la contratación de las obligaciones habituales de publicidad y difusión de las compras estatales.

La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa quedó a cargo de instrumentar los actos necesarios para concretar la operación.

No es la primera vez que la administración de Milei recurre a este mecanismo. Durante 2024, el Ejecutivo dictó tres decretos vinculados con la compra de los cazas F-16 a Dinamarca, la infraestructura necesaria para incorporarlos y los contratos complementarios gestionados a través del programa estadounidense de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés).

En agosto de 2026, además, el Gobierno amplió la clasificación de secreto militar a una operación relacionada con la exportación temporal de material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización. Sin embargo, el nuevo decreto tramita bajo un expediente diferente y no identifica a los F-16 ni a la Fuerza Aérea como destinatarios.

El plan de reequipamiento de las Fuerzas Armadas

La compra se inscribe en el proceso de modernización militar que impulsa el Gobierno, con incorporaciones para las tres fuerzas. Entre las operaciones más relevantes se encuentra la adquisición de 24 cazas F-16 a Dinamarca por u$s301,2 millones. Los primeros ejemplares llegaron al país en diciembre de 2025 y una segunda tanda se incorporó en septiembre de 2026.

El Ejército también avanzó con la compra de vehículos blindados Stryker a Estados Unidos y con un programa para sumar helicópteros UH-60L Black Hawk, destinados a reforzar la capacidad de transporte y asalto. La Armada, en tanto, incorporó aviones de patrulla marítima P-3 Orion procedentes de Noruega para tareas de vigilancia del Atlántico Sur.

A estas adquisiciones se suman proyectos de mayor escala que todavía requieren definiciones. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla autorizaciones de financiamiento por u$s2.300 millones para tres submarinos convencionales y por otros u$s1.200 millones para dos fragatas multimisión.

La eventual incorporación de esos buques permitiría avanzar en la recuperación de capacidades navales, aunque la inclusión de las partidas presupuestarias no implica que las compras estén cerradas. Su concreción depende de las autorizaciones correspondientes y de las condiciones de financiamiento que se acuerden con los fabricantes.

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