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La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este martes una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo para reclamar al Gobierno nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de los fallos judiciales vinculados con los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles.
La actividad comenzó durante la mañana y se extenderá hasta la medianoche, con la participación de los 13 decanos de las distintas facultades, que estarán a cargo de clases magistrales abiertas a toda la comunidad.
En paralelo, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a sus propias clases públicas a partir de las 11 en Plaza de Mayo, en el marco de la jornada nacional de lucha impulsada por las universidades.
Además de las actividades académicas, la jornada incluirá servicios gratuitos para la comunidad, propuestas científicas y espacios de asesoramiento. Entre las prestaciones previstas habrá atención en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, junto con asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
La UBA también exhibirá proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico realizados dentro de la universidad. Entre las propuestas se presentará un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes.
De esta manera, la comunidad universitaria busca mostrar el impacto que tiene el presupuesto destinado a las universidades en áreas que exceden la enseñanza, como la salud pública, la investigación, el desarrollo científico y la formación académica.
El reclamo de las universidades al Gobierno
El eje de la protesta es la exigencia de que el Poder Ejecutivo aplique la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y cumpla con los fallos judiciales relacionados con la recomposición salarial y las becas para estudiantes.
El conflicto se profundizó a partir del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno estableció que la ley solo podría ejecutarse una vez que se determinaran las fuentes específicas de financiamiento.
La medida generó presentaciones judiciales por parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales.
En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una medida cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados con la actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de las becas estudiantiles.
El conflicto tuvo un nuevo capítulo el 1° de septiembre, cuando el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar "de forma inmediata" las partidas contempladas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la normativa.
Esos fondos están destinados a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. Según señaló el magistrado, el impacto fiscal de la ley representa el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
En este contexto, los gremios universitarios ya anticiparon que, si el Gobierno no cumple con la ley antes de la primera semana de octubre, avanzarán con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria.
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