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La Sala I de la Cámara Federal confirmó la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y desplazó del rol de querellantes a un grupo de inversores de la criptomoneda LIBRA. Los jueces Llorens y Bertuzzi desestimaron la presentación efectuada por los demandantes Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, en una resolución dictada un día después de la jura de Bertuzzi y Yadarola como integrantes del tribunal tras ser propuestos por el Gobierno.
En los fundamentos del escrito, los magistrados recalcaron que la transacción “se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito”.
En la misma línea, el fallo remarcó que “quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido”.
Asimismo, la Cámara dio por “diluida” la postura de los cinco afectados, quienes alegaban haber sido “víctimas de un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales” en conjunto con “un grupo de desarrolladores de criptoactivos” que “se valió de la utilización dolosa de algún tipo de ardid o engaño orientado a provocar en ellos una disposición patrimonial perjudicial”.
Sobre este punto, el tribunal concluyó que “ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token, ni la existencia de un nexo que conecte esa presunta maniobra perniciosa con la disposición patrimonial que habrían ejecutado”.
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