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El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un pedido formal ante los tribunales federales para obtener un mayor plazo con el objetivo de responder a un requerimiento sobre su patrimonio. La presentación judicial busca diferir el vencimiento dispuesto para fundamentar la procedencia de diversos movimientos de dinero y bienes atribuidos al exfuncionario nacional y a su cónyuge.
El planteo fue formulado por el abogado Matías Ledesma en representación de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Según la defensa, resulta necesario disponer de más tiempo para examinar la totalidad del requerimiento de 207 páginas elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita el pasado 10 de agosto, donde se detallan 20 puntos bajo observación sobre el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
La medida procesal se originó a partir de un informe técnico confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que detectó un desfase significativo entre los ingresos y las erogaciones del matrimonio. En ese documento se determinó que la pareja declaró ingresos por $229.752.283,20 frente a gastos calculados en $272.820.832,20, lo que genera un monto de $43.068.549 pendiente de explicación.
A su vez, la fiscalía requirió explicaciones sobre erogaciones en moneda extranjera por USD 402.578,12 destinadas a la adquisición del lote 380 en el country Indio Cuá, el pago de USD 245.000 al contratista Matías Tabar por refacciones edilicias y una inversión de USD 200.000 en bitcoins. Para respaldar la contestación, la representación letrada solicitó acceder a la información almacenada en el teléfono celular que Tabar entregó voluntariamente a la Justicia.
El listado de inconsistencias contempla también dólares en efectivo indicados como fruto de la "venta de activos", préstamos familiares, la compra de un vehículo y saldos en billeteras virtuales que no habrían sido informados a la Oficina Anticorrupción. Esta presentación constituye la primera oportunidad de descargo para el ex vocero, a la espera de que el juzgado resuelva el pedido de prórroga que evitaría un eventual avance hacia la citación a declaración indagatoria.
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