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Gremios universitarios paran por 48 horas y llevan su reclamo a la Justicia

La medida afectará a las casas de altos estudios durante los días 27 y 28 de agosto.

Gremios universitarios paran por 48 horas y llevan su reclamo a la Justicia

Los sindicatos de docentes universitarios anunciaron un nuevo paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La protesta busca exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y contempla la realización de las denominadas "Carpas por la Universidad y la Soberanía", que se ubicarán frente a la Secretaría de Educación y en diversos lugares de la Argentina.

La convocatoria fue confirmada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y gremios del sector como FEDUBA, en el marco de un conflicto que también se tramita en los tribunales. Las universidades cuentan con una medida cautelar dictada en diciembre y ratificada en marzo por la Cámara de Apelaciones que ordena pagar la actualización de los sueldos. Luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso del Gobierno el 25 de junio, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Federal N° 11, quedó a cargo de hacer cumplir la medida.

El motivo principal de la medida de fuerza está centrado en el atraso de los ingresos. De acuerdo con las estimaciones del sector, el Estado mantendría una deuda salarial con los trabajadores de entre el 28,5% y el 31,2%, a lo que se suma el reclamo por los montos retroactivos desde que la ley entró en vigencia.

La huelga le da continuidad al plan de lucha del sector, que ya había llevado adelante un paro nacional entre el 18 y el 22 de agosto. Frente a este panorama, desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) impulsan la propuesta de sostener un paro por tiempo indeterminado hasta que la normativa sea aplicada.

Durante las manifestaciones, el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, remarcó la posición de las organizaciones: “Se cumplen 300 días desde que el Gobierno decidió no cumplir una ley sancionada por el Congreso. No estamos hablando de una diferencia de criterios ni de una discusión presupuestaria: estamos hablando de una obligación legal. El Gobierno no puede elegir qué leyes cumplir y cuáles no. La Ley 27.795 está vigente y tiene que aplicarse”.

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