El diputado nacional Máximo Kirchner, en representación de Unión por la Patria, presentó en la Cámara baja un proyecto de ley que busca someter a la aprobación estricta del Congreso cualquier acuerdo crediticio que el Poder Ejecutivo intente firmar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La iniciativa de 22 artículos ingresó al parlamento en simultáneo con la llegada al país de la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

El objetivo central de la propuesta es derogar la actual Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública e instaurar un marco regulatorio que limite el margen de acción unilateral de la Casa Rosada frente a los organismos multilaterales. La propuesta legislativa dictamina que cada toma de crédito deberá contar con una ley especial e individual que detalle de forma explícita el tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo de amortización y el destino específico de los fondos prestados.

Además, prohíbe de manera terminante el uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para sellar este tipo de pactos y apunta directamente contra el reciente DNU 179/2025, mediante el cual el oficialismo instrumentó un programa por aproximadamente 20.000 millones de dólares a espaldas del recinto. Según el documento, respaldado por otros quince legisladores opositores, los convenios que no respeten este mecanismo o que busquen condicionar la regulación de capitales internos serán considerados bajo la categoría de "nulos de nulidad absoluta", lo que acarreará responsabilidades patrimoniales para los funcionarios intervinientes.

Uno de los ejes conceptuales del proyecto es el principio de corresponsabilidad entre el Estado deudor y el organismo acreedor. Los autores de la ley sostienen que, si el FMI incumple sus propias normativas operativas o aprueba préstamos guiados por motivaciones políticas, deberá compartir la responsabilidad por las consecuencias económicas. Para justificar este punto, el texto cita la evaluación oficial del propio organismo sobre el crédito otorgado a la Argentina en 2018, un caso catalogado en "zona gris", donde se contrastó un desembolso de 44.500 millones de dólares con una fuga de capitales privados por 45.100 millones en el mismo período. Ante este antecedente, el proyecto exige que se convierta en obligación la aplicación de controles de capitales frente a salidas masivas de divisas.

En el plano geopolítico y estructural, la normativa instruye al Poder Ejecutivo a promover una reforma del Convenio Constitutivo del FMI. Entre las exigencias figura la creación de una "Facilidad de Recuperación Soberana" que permita extender los plazos de financiamiento entre 20 y 30 años, con amplios períodos de gracia y sin la aplicación de sobrecargos. Para darle sustento multilateral, el proyecto obliga al gobierno a coordinar posiciones con el G20, la ONU y el bloque BRICS+, tomando como mandato directo el documento "BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform" de julio de 2025. Y, amparándose en la Convención de Viena, el proyecto declara inoponible en foros internacionales cualquier cláusula que obligue al Banco Central a desmantelar sus regulaciones macroprudenciales.

Finalmente, para garantizar el control institucional, la ley crea una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento con acceso irrestricto a los documentos de los programas, eliminando cualquier cláusula de confidencialidad y dotándola de facultades para citar a funcionarios del Ejecutivo y del Banco Central.