El gobierno de Chile formalizó este lunes la declaración del estado constitucional de catástrofe por calamidad pública en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco, ubicada en Atacama. La medida fue adoptada por el presidente Kast debido al impacto de un sistema frontal con lluvias extremas que afecta al norte del país desde mediados de la semana pasada. La decisión busca contener las consecuencias provocadas por las inundaciones y aludes en zonas habitualmente áridas.

El balance consolidado por los organismos de socorro confirmó la muerte de al menos cinco personas, cerca de una veintena de heridos y casi 100.000 ciudadanos que permanecen incomunicados por los desbordes de ríos y las interrupciones en las rutas principales. Según los informes del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), más de un millar de viviendas sufrieron destrucción total o severas fallas estructurales. En paralelo, los fallos en el suministro eléctrico dejaron a cerca de 150.000 usuarios sin servicio en distintos puntos del territorio nacional.

La gravedad fue calificada como "atípica" por los organismos meteorológicos oficiales, que señalaron que el país no registraba un escenario de esta magnitud desde hace dos décadas. El viceministro del Interior, Máximo Pavez, describió la intensidad de la tormenta al detallar que “lo que llueve generalmente en un mes llovió en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”. En la misma línea, Arnaldo Zúñiga, especialista de la Dirección Meteorológica de Chile, sostuvo que “hace bastantes años que no teníamos una condición similar”.

Al argumentar la decisión, el presidente Kast declaró: “En virtud de las intensas lluvias de las últimas horas y de la complejización de la operación de los servicios básicos, he instruido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en toda la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco en Atacama”. También remarcó que “todos los recursos materiales y económicos están disponibles para enfrentar esta emergencia”.

Bajo este nuevo marco legal, las Fuerzas Armadas asumirán tareas de control, logística y resguardo de la seguridad en los distritos comprometidos, quedando facultadas para coordinar evacuaciones y restringir la circulación. La contingencia obligó además a suspender las clases presenciales en decenas de comunas de la zona central y norte del país. Por su parte, la red portuaria debió paralizar sus operaciones de manera preventiva debido a ráfagas de viento que superaron los 100 km/h y a las intensas marejadas.