Un informe técnico del Ministerio de Salud, incorporado a una causa judicial que investiga un presunto fraude millonario en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), detectó diferencias "injustificables" entre los precios pagados por el Estado y los valores de referencia del mercado en la compra de sillas de ruedas, andadores, prótesis y otros insumos médicos.

El relevamiento oficial encontró sobreprecios que oscilaron entre el 300% y el 1.000%, aunque en algunos casos superaron ampliamente esos niveles. El ejemplo más llamativo fue el de un andador que habría sido adquirido con una diferencia del 4.239% respecto de su valor de mercado.

El documento, fechado el 10 de abril y firmado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, analiza 37 facturas emitidas por seis proveedores durante 2025. En total, las empresas involucradas recibieron pagos por más de $18.100 millones.

Sillas de ruedas, andadores y válvulas cardíacas bajo la lupa

Entre las operaciones observadas figura la compra de un sistema de válvulas bicaval transcatéter, un insumo utilizado para corregir problemas cardíacos. De acuerdo con el informe, la ANDIS pagó $425 millones por ese producto en julio de 2025, mientras que meses antes el PAMI había abonado $124,2 millones por el mismo insumo. La diferencia equivale a un 242%.

También se detectaron casos de sillas de ruedas facturadas por hasta $19 millones, cuando el valor de referencia nacional rondaba los $1,28 millones. En uno de los ejemplos citados, la brecha superó el 1.300%.

En relación con estas operaciones, el informe advierte sobre "desvíos técnicamente indefendibles" y sostiene que no existen justificaciones terapéuticas que respalden erogaciones de esa magnitud.

La causa judicial y los proveedores investigados

La documentación ya forma parte del expediente que investiga el fiscal Sergio Picardi por un presunto esquema de fraude dentro de la ANDIS. En la causa fueron citadas a indagatoria 49 personas, entre exfuncionarios, empresarios, operadores y familiares.

Entre las empresas señaladas aparecen Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Expo Trauma, Cirugía y Ortopedia Imnova y Ortopedia Bernat. La firma que concentró la mayor cantidad de fondos fue Farma Salud, que recibió cerca de $7.900 millones.

Uno de sus principales accionistas es Osmar Mariano Caballi, exdirector de la ANDIS durante el gobierno de Alberto Fernández, quien fue citado a declarar en el marco de la investigación.

Sospechas sobre el sistema de compras

Según la hipótesis fiscal, las contrataciones se realizaron a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (Siipfis), una plataforma diseñada para agilizar procesos de compra. Sin embargo, la Justicia sospecha que el mecanismo habría sido manipulado para simular competencia y favorecer a un grupo reducido de proveedores.

En uno de sus dictámenes, Picardi afirmó que el sistema "bajo la fachada de imparcialidad y automatismo" permitió beneficiar a determinadas empresas "de manera ilícita y orquestada".

El expediente también analiza mensajes y audios que darían cuenta de presuntos pedidos para incluir a ciertas firmas en compulsas de precios, así como un posible circuito de coimas dentro del organismo.